La Xunta de Galicia ha dado un importante paso hacia adelante al iniciar el proceso de elaboración de una nueva ley de administración local, una normativa que promete ser clave para mejorar la gestión municipal en la comunidad. Este anteproyecto tiene como finalidad principal la "clarificación de competencias", la introducción de un sistema renovado de financiación para las entidades locales y el fomento de nuevas formas de colaboración entre ellas. Se espera que el texto final sea presentado al Parlamento antes de que finalice el verano.

Durante la reunión semanal del Consello de la Xunta, el presidente Alfonso Rueda y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, hicieron pública esta iniciativa, resaltando la importancia del momento y el compromiso de la Xunta con la economía local.

Ambos líderes han dejado claro que las capacidades de la Xunta en cuanto a financiación local son, en cierta medida, limitadas, ya que corresponde al Gobierno central asumir un papel más activo en este ámbito. Sin embargo, la Xunta se compromete a reajustar la parte que le toca en la financiación dentro de sus competencias.

Para ello, se implementarán criterios que tendrán en cuenta factores como la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población, alineándose con las demandas del propio Gobierno gallego hacia el Ejecutivo central respecto a la financiación autonómica.

Calvo ha señalado que se aumentarán los fondos incondicionados destinados a los municipios, permitiendo que cada ayuntamiento utilice esos recursos según sus propias necesidades. Además, se incrementará la garantía mínima de apoyo económico a todos los ayuntamientos en más de 20 millones de euros en comparación con el actual modelo de financiación.

Asimismo, el conselleiro ha enfatizado la intención de aumentar la participación de los ayuntamientos en los tributos autonómicos, asegurando que crezca al menos al mismo ritmo que los ingresos de la comunidad.

La estrategia apunta a garantizar la suficiente financiación para los ayuntamientos, utilizando mecanismos como el Fondo de Cooperación Local (FCL) y otras ayudas específicas para fortalecer sus capacidades.

La nueva normativa buscará también simplificar la burocracia y potenciar la modernización administrativa, introduciendo tecnologías innovadoras y promoviendo formas creativas de colaboración entre los municipios.

Entre las ideas propuestas, destacan las "áreas funcionales de carácter temporal", que permiten la unión de varios ayuntamientos para prestar servicios de manera conjunta o realizar proyectos de interés común de forma más eficiente.

Por otro lado, el texto fortalece el papel de las mancomunidades y reafirma la importancia de las diputaciones provinciales como garantes de la autonomía municipal y de la adecuada prestación de los servicios públicos. Además, se abordará el desafío del despoblamiento, estableciendo un mecanismo para identificar anualmente a los municipios que enfrentan retos demográficos significativos.