La situación en la seguridad del Parlamento de Galicia se ha visto afectada por un reciente anuncio que repercutirá en la autonomía regional. Parte de los efectivos de la Unidad de Policía Adscrita (UPA) que hasta ahora garantizaban la seguridad en estas instalaciones dejarán de desempeñar esa función en un plazo breve.

Este cambio se ha calificado como un "reajuste" por la administración de la Xunta, que ha señalado al Gobierno central como responsable de esta reducción. Según fuentes oficiales, la administración gallega había solicitado en numerosas ocasiones un refuerzo para la unidad de la policía autonómica, una petición que ha caído en oídos sordos.

Los agentes que se reubicarán en otras áreas de la Policía autonómica dedicarán su esfuerzo a atender casos críticos, como la protección de las víctimas de violencia de género. Además, continuarán con labores en otros campos relevantes, tales como la protección de menores, la prevención e investigación de incendios forestales, la conservación del medio ambiente, y la lucha contra la caza furtiva.

El Sindicato Unificado de Policía ha expresado su descontento con esta decisión, alertando de que podría abrir la puerta a una privatización de la seguridad en el Parlamento gallego. En su comunicado, subrayaron que esto implicaría que la vigilancia del órgano que representa la voluntad del pueblo en Galicia estaría, en su mayoría, en manos privadas.

Desde la Xunta, fuentes consultadas han reafirmado la postura del Gobierno de Alfonso Rueda. Este ha estado advirtiendo desde hace un tiempo sobre la falta de atención del Ejecutivo central a las solicitudes para alcanzar un acuerdo que fortalezca la plantilla de la Policía Adscrita, lo cual ha llevado a la necesidad de tomar decisiones difíciles.

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, había expresado sus preocupaciones en una carta enviada al Gobierno antes del verano. En ella, avisó que, si la situación no se resolvía, la Xunta se vería obligada a implementar estos reajustes de personal.

Esta problemática no es nueva; anteriores intentos de diálogo y reuniones no han dado resultados concretos. La situación ha provocado la indignación del presidente gallego, Alfonso Rueda, y de otros miembros del gobierno regional, quienes han destacado la disparidad entre el déficit de 155 agentes en Galicia y el compromiso de ampliar la plantilla de los mossos d'Esquadra en Cataluña a 25,000 efectivos para el año 2030.