En un notable aumento de la vigilancia turística, en 2024 la Xunta de Galicia ha impuesto un total de 408 sanciones, lo que representa un incremento del 13% respecto al año anterior, a diversos alojamientos y establecimientos dentro de su plan de inspección del sector turístico.

La ciudad de Santiago de Compostela ha sido el foco de estas denuncias, según el director de Turismo gallego, Xosé Merelles. Este funcionario ha criticado la idea de implementar sanciones masivas que descalifiquen a los pisos turísticos de manera indiscriminada, argumentando que prefiere un enfoque más personalizado. Merelles está dispuesto a colaborar con el Ayuntamiento si se le presentan de forma individual las propiedades que se consideran ilegales entre las aproximadamente 600 existentes en la ciudad.

Merelles ha subrayado su compromiso de garantizar que los ciudadanos tengan la oportunidad de defenderse en el caso de una posible sanción. Calificó la propuesta de dar de baja actividades económicas colectivamente como una "justicia estalinista", inaceptable en un contexto de economía liberal. “No pienso que esta estrategia pueda ser efectiva”, sentenció.

El director también mencionó que la Xunta ha estado trabajando activamente en la vigilancia en línea, con la intención de proporcionar datos claros y objetivos en un futuro próximo, posiblemente en una sesión parlamentaria. Además, Merelles criticó la reciente comunicación del ministro de Turismo, que motivó preocupación pública sin una adecuada coordinación con la Xunta, la cual posee las competencias en materia turística.

En el debate político, el concejal Jorge Verea, del Partido Popular, tachó de "irresponsable" el comunicado del ministro, preguntándose por qué la administración local, gobernada por el BNG, no cierra los supuestos 600 pisos ilegales si está tan convencida de su estatus. En respuesta, Iago Lestegás, concejal de urbanismo, afirmó que el Ayuntamiento ha iniciado tres procedimientos contra pisos turísticos en el último mes, con multas que suman más de 30,000 euros.

Lestegás defendió la labor del Ayuntamiento, reiterando que están tramitando la desactivación de los 66 pisos turísticos que operan sin licencia, tal como lo exige la Xunta. Este aspecto ha sido enfatizado en diversas ocasiones por miembros del gobierno local.

Las inspecciones realizadas por la Xunta aumentaron en un 15% en comparación con el 2023, alcanzando un total de 4,314 actuaciones, de las cuales el 94% han sido resolutivas, según Merelles. Durante su intervención ante el Parlamento, el director de Turismo también reveló que el año pasado se redactaron 3,915 informes sobre estas inspecciones, un aumento del 26%, y que los expedientes sancionadores crecieron hasta 408.

La mayoría de las actuaciones corresponden a procesos de alta, baja, modificaciones, sanciones y reclamaciones que abarcan el amplio espectro de alojamientos y servicios turísticos. Según la Xunta, el plan de inspección ha sido optimizado en los últimos años con la incorporación de herramientas digitales para combatir el fraude en línea. Para el próximo año, se han aprobado seis nuevos inspectores para fortalecer esta tarea.

Merelles consideró que Galicia se encuentra en un "momento de gran dinamismo" y de "plena transformación". Por su parte, el diputado del BNG, Daniel Pérez, señaló la necesidad de establecer un órgano de inspección turística, en lugar de un simple plan, como parte de la lucha contra la masificación turística. Lara Méndez, del PSdeG, concluyó que el uso de viviendas turísticas ha causado problemas significativos para la vivienda residencial y los trabajadores en la región.