Los gestores del sector de atención a mayores en Galicia han manifestado su preocupación ante el impacto que la pandemia de covid-19 ha tenido en su actividad, argumentando que esta crisis sanitaria impidió el avance de diversos proyectos en el ámbito de las residencias. A raíz de un informe reciente, se ha destacado que la comunidad autónoma enfrenta un déficit alarmante de más de 13.800 plazas para poder satisfacer las necesidades de atención a la población mayor.

En la ciudad de Santiago de Compostela, el pasado 1 de febrero, se evidenció cómo la pandemia no solo puso en riesgo la salud de los más vulnerables, sino que también interrumpió los servicios destinados a ellos, especialmente en las residencias para ancianos. Los usuarios de estos centros se encontraron ante una serie de restricciones sin precedentes, como el uso obligatorio de mascarillas, el aislamiento social y la implementación de unidades de convivencia, las cuales, curiosamente, se han transformado en prácticas beneficiosas para la gestión a largo plazo de estas instalaciones, y que se mantienen aun después de la crisis sanitaria.

En un diálogo con Europa Press, los representantes de la Asociación Galega do Sector da Dependencia (Agasede), Carlos Dosil y Óscar Neira, manifestaron la importancia de las medidas adoptadas durante este periodo. Señalan en particular el uso continuado de mascarillas, que se establecieron por un periodo prolongado, y que todavía se emplean en casos donde los trabajadores presentan síntomas de resfriado o algún otro malestar.

Los portavoces de Agasede también subrayan que la conciencia de las familias ha aumentado, pues ahora es común que los visitantes utilicen mascarillas durante picos de infecciones respiratorias. Esta situación refleja un cambio en la percepción de la salud y la seguridad en las residencias, destacando el trabajo en conjunto para garantizar el bienestar de todos.

Asimismo, los expertos han identificado la sectorización y la creación de unidades de convivencia como medidas que persisten en muchas residencias, con el propósito de que un número limitado de usuarios compartan espacios como el comedor y las zonas de esparcimiento. Esta estrategia no solo pretende limitar la propagación de enfermedades, sino que también ha mejorado notablemente la calidad del servicio ofrecido, ya que como bien apunta Dosil, resulta mucho más placentero compartir el comedor con 25 personas que con 100.

Por otro lado, los responsables de Agasede han destacado el fortalecimiento de los canales de comunicación con las familias, lo que ha probado ser crucial en la atención a situaciones de crisis. La transparencia en la gestión de la información ha sido un aspecto clave, especialmente ante la creciente frecuencia de brotes como el de sarna, que ha comenzado a ser más habitual.

En cuanto a las cifras actuales, los representantes del sector indican que en Galicia hay una preocupante tasa de 0,35 plazas disponibles por persona dependiente y 0,20 por persona autónoma, además de las plazas que operan bajo gestión pública. Es necesario resaltar que los centros privados aportan de manera significativa en la oferta de plazas concertadas, junto a la existencia de centros de iniciativa social que aún suelen pasar desapercibidos en los debates públicos.

Un informe reciente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha revelado que el déficit de plazas residenciales en Galicia se sitúa en 13.850, una cifra que refleja la necesidad urgente de recursos para alcanzar la deseada ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

Los sorprendentes datos, sustentados en estadísticas del Imserso, indican que en 2023 había un total de 22.096 plazas residenciales en Galicia, una cifra por debajo de las casi 23.400 de 2012 y de las 22.550 registradas en 2016. De estas, aproximadamente 16.666, que representan un 75,4% del total, son financiadas públicamente, mientras que 5.430, equivalente al 24,6%, son de carácter privado exclusivo.

Con estas estadísticas, la ratio de plazas se establece en 3,11 por cada 100 mayores de 65 años, lo que refleja una disminución de medio punto respecto a 2012, quedando aún lejos del estándar deseable. Además, se estima que la tasa de ocupación promedio en las residencias gallegas es del 75,4%, un porcentaje que se sitúa por debajo de la media nacional, que alcanza el 84,1%. El tamaño promedio de estas residencias en Galicia es de 75,9 plazas.

Por otro lado, los datos aportados por los representantes del sector indican que los centros privados destinan entre un 60 y un 75% de sus ingresos a los costos de personal, lo que deja un margen ajustado para afrontar otros gastos necesarios como suministros y mantenimiento de instalaciones, lo que encarece el servicio en general. En este sentido, destacan que el verdadero costo no es que las residencias sean caras, sino que el coste de atender adecuadamente a los mayores es, en efecto, elevado.

En la actualidad, la ratio de enfermería en estos centros se encuentra en torno a 0,03 por persona dependiente y 0,02 por persona autónoma, una cifra que, de ser aumentada, necesariamente conllevaría un incremento en los precios de las plazas. En cuanto al precio de hospedaje en una residencia privada, este varía considerablemente según la localización y el tipo de asistencia requerida. Los precios oscilan entre los 60 y 100 euros más IVA por plaza y día, alcanzando cifras superiores en las principales ciudades.

Finalmente, los gestores del sector hacen un llamado a la reflexión, resaltando que encontrar alojamiento de calidad con pensión completa a esos precios es prácticamente imposible. Argumentan que el servicio de una residencia no solo incluye alojamiento, sino también un amplio rango de servicios de atención integral, como enfermería, fisioterapia y cuidados especializados, lo que complementa una atención que va mucho más allá de lo que se podría ofrecer en un simple hotel.