Los juzgados de Galicia han presentado una notable demanda de adaptaciones documentales para el año 2024, solicitando cerca de 70 ajustes. Sin embargo, la limitada disponibilidad de recursos ha sido un obstáculo considerable, lo que ha llevado a que solo se haya podido atender aproximadamente el 60% de estas solicitudes.

Desde 2019, el sistema de 'adaptación a lectura fácil' se ha impuesto como una herramienta fundamental en los juzgados gallegos. Expertos en el ámbito jurídico y social destacan su relevancia en la implementación del principio de Justicia Inclusiva, convirtiéndose en un factor determinante para evitar situaciones de indefensión entre aquellos con discapacidad, permitiendo así una comprensión clara y plena de las resoluciones judiciales que impactan en sus vidas.

Este servicio, que opera gracias a un convenio anual entre la Xunta de Galicia y Fademga Plena Inclusión —una entidad que agrupa diversas asociaciones pro derechos de individuos con discapacidad intelectual o del desarrollo—, tiene como objetivo adaptar documentos legales a un formato que sea accesible para personas con estas necesidades.

Un reciente caso ejemplar ilustró el funcionamiento de esta valiosa herramienta. El juzgado de lo Social 2 de Vigo emitió una sentencia que reconoce el derecho de una persona con discapacidad a recibir una pensión de orfandad, a pesar de que la Seguridad Social inicialmente había denegado ese derecho. Los informes médicos respaldan la incapacidad de la persona para laborar, lo que hizo necesaria esta resolución.

La sentencia, diseñada con una estructura clara y accesible, divide la información en secciones como: "¿Qué es este documento?", "¿Por qué presentaste una demanda en el juzgado?", y "¿Qué decisiones explica el juez?". Este enfoque busca facilitar la comprensión del contenido por parte de la persona afectada.

Germán Serrano, juez y decano de los juzgados de Vigo, explica en la sentencia que la razón detrás de la adaptación de su resolución fue asegurar que la información crucial que afecta a la vida del interesado sea comprensible. El juez destaca que "la lectura fácil es una forma de escribir para que los documentos sean más fáciles de entender" y subraya el derecho de la persona a acceder a esta información.

La adaptación de documentos a este formato requiere una solicitud por parte del juzgado, que puede ser presentada no solo por el juez, sino también por la Fiscalía o el propio interesado a través de su representante. Una vez solicitada, el documento —ya sean sentencias, autos o resoluciones— se envía a Fademga, donde un equipo especializado los transforma en un formato accesible.

Sheila Varela, técnica de integración social de Fademga, aclara que el proceso de adaptación no se limita a una mera traducción. Se lleva a cabo una validación minuciosa realizada por varias personas con discapacidad, asegurando que la adaptación sea efectivamente comprensible y que los términos y las consecuencias del documento sean asimilados correctamente.

Antes de devolver el documento al juzgado, también es revisado por un jurista en Fademga, garantizando que la adaptación refleje fielmente la decisión judicial presentada.

A pesar de la indiscutible utilidad de este servicio, su uso no ha logrado alcanzar su máximo potencial. Para 2024 se han remitido un total de 67 solicitudes de adaptación a Fademga, de las cuales solo se han podido resolver alrededor de 40, debido a las limitaciones de recursos de la organización. Varela reafirma la importancia de promover este servicio, destacando que "es gratuito y debería ser ampliamente conocido".

Este tipo de adaptaciones está principalmente orientado a personas con discapacidad y suele ser más solicitado en el ámbito de la jurisdicción de Familia, donde se toman la mayoría de decisiones que afectan a este grupo. No obstante, también puede ser requerido en otras áreas judiciales, como el ámbito Social o Penal, dado que las personas con discapacidad pueden verse involucradas en diversos procesos legales que afectan su vida cotidiana.

Fademga identificó desde hace años la necesidad de contar con un servicio de adaptación en el contexto penitenciario, al notar que muchos reclusos con discapacidad no comprenden adecuadamente su condena ni los procedimientos contradictorios. Por ello, no solo se adaptan sentencias, sino también "procedimientos enteros", dado que es esencial que todos los documentos relacionados sean igualmente claros para los afectados.

Varela ha subrayado la importancia de una mayor divulgación de esta herramienta, ya que en combinación con otras iniciativas, como la figura del "facilitador", permite mitigar la indefensión de las personas con discapacidad. Aunque la información está disponible en la 'intranet' de la Xunta, su visibilidad sigue siendo baja y se demanda un incremento de recursos para atender de manera más efectiva las solicitudes de las jurisdicciones.

El magistrado Germán Serrano también ha resaltado la importancia de difundir y promover esta herramienta, especialmente en el contexto de las recientes normativas españolas que enfatizan que las personas con discapacidad poseen la misma capacidad jurídica que cualquier otro ciudadano, y que las administraciones deben ayudarles a ejercerla plenamente.

Por esta razón, Serrano ha hecho un llamado a todos los profesionales del derecho para que estén alerta ante situaciones de indefensión o vulnerabilidad de las personas con discapacidad. “Todos debemos ser proactivos”, ha dicho, haciendo hincapié en que el uso de estos servicios no impacta negativamente en el funcionamiento de los juzgados, ya que la justicia debe ejercer un enfoque de servicio público.

Facilitar la comprensión de los documentos relevantes para las personas afectadas por decisiones judiciales no solo mejora su acceso a la justicia, sino que también fomenta una conexión más directa con el tribunal, eliminando la necesidad de intermediarios.

El convenio establecido con Fademga, al enfocarse en personas con discapacidad intelectual, también invita a una reflexión sobre cómo hacer que las resoluciones judiciales sean accesibles para todos, no solo para los abogados, quienes deberían estar técnicamente equipados para entender estas decisiones, sino también para los propios afectados. Serrano subraya que es fundamental que las últimas reformas legales consideren a las personas en condiciones de vulnerabilidad, abarcando desde personas mayores hasta aquellos con discapacidad, y que cada sede judicial aspire a ser un espacio de apoyo y cercanía para quienes lo necesiten.