En la jornada del 24 de febrero, Santiago de Compostela fue escenario de un intenso debate en la Cámara, donde se aprobó una ley que permitirá el pago en efectivo de deducciones fiscales relacionadas con la compra de libros y material escolar. Esta decisión ha generado controversia, especialmente entre los grupos BNG y PSdeG, quienes, aunque respaldaron la medida, la han calificado de "chapuza" en su ejecución. Por su parte, Democracia Ourensana optó por la abstención argumentando que se trata de una medida "excepcional".

Durante el pleno, la diputada de BNG, Noa Presas, cuestionó duramente al Gobierno autonómico, sugiriendo que su falta de previsión los obligó a implementar este "remiendo legal". Afirmó que, a pesar de su discurso sobre la eficiencia y el buen manejo, se están demostrando como "unos absolutos chapuzas", y abogó por la restauración de la gratuidad de los libros de texto para todos los estudiantes.

Por otro lado, Aitor Bouza, representante del PSdeG, destacó la importancia de la presión social y del esfuerzo conjunto de las fuerzas de la oposición para lograr esta modificación. Si bien empezó criticando la gestión del gobierno como "una absoluta chapuza", finalmente decidió votar a favor, indicando que es vital no dejar desamparadas a las familias afectadas por la falta de recursos.

El portavoz del Partido Popular, Alberto Pazos, defendió la medida asegurando que autorizar el pago en efectivo es “una excepción” y criticó a la oposición por hacer un escándalo de una decisión que busca ayudar a los ciudadanos. “Para ellos, esta es solo otra oportunidad para generar ruido y descontento”, afirmó, dirigiendo sus reproches hacia quienes descalifican su trabajo.

En el transcurso del debate, el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, explicó que las restricciones al pago en efectivo estaban destinadas a asegurar que las transacciones fueran verificables. Esto se presenta como una parte fundamental del orden fiscal para evitar posibles abusos en el sistema de deducciones. La presentación de la ley y la discusión sobre su viabilidad revela las tensiones políticas actuales y la necesidad de un consenso más amplio en cuestiones que afectan directamente a la ciudadanía.