SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Mar.

La agenda política gallega ha sido marcada por la aprobación de una nueva ley que transforma la CRTVG, que ahora se denominará Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia. Esta decisión se llevó a cabo en el pleno del Parlamento, donde solo el Partido Popular apoyó la medida, mientras que BNG y PSdeG se opusieron vehementemente, alegando que se consolida un sistema de manipulación y control político en los medios públicos gallegos.

Durante la votación, el único diputado que se abstuvo fue Armando Ojea, de Democracia Ourensana (D.O.). Ojea expresó que, más allá del cambio de nombre, la ley realmente no ofrece un avance significativo, advirtiendo que es evidente para cualquiera con un mínimo de análisis que la CRTVG, igual que RTVE, está bajo un notable control político por parte de las autoridades actuales.

El ambiente en el Parlamento estuvo cargado de emoción, comenzando con un homenaje a Paula Alvarellos, la reciente fallecida alcaldesa de Lugo, a quien se le dedicó un minuto de silencio. A lo largo de la sesión, la oposición se mostró firme en sus críticas, manifestadas por Olalla Rodil (BNG) y Silvia Longueira (PSdeG) en sus intervenciones.

Rodil, para enfatizar su postura, utilizó un mando a distancia como metáfora para señalar que los populares buscan el control de la televisión pública gallega. Denunció que su intención es restringir el pluralismo, imponer un pensamiento único y proteger lo que considera una "fábrica de mentiras" que han alimentado desde los medios públicos.

Por otro lado, la diputada del PP, Carmen Pomar, argumentó que la nueva regulación es fundamental y necesaria para adaptarse a un sector en constante evolución y a la legislación europea vigente. Defendió la búsqueda de un consenso, a la vez que criticó a la oposición por su postura de confrontación, sugiriendo que votarían en contra de cualquier propuesta, sin importar su contenido.

Pomar también acusó a los opositores de manipular a los trabajadores de la CRTVG, justo en un momento en que el comité intercentros había convocado huelga en protesta contra la externalización de informativos. Además, un grupo de profesionales del ente se concentró frente al Parlamento para expresar su descontento con lo que consideran una manipulación dentro de la CRTVG.

La portavoz Tereixa Navaza argumentó que esta ley representa el “velatorio” de los medios públicos gallegos y prometió seguir luchando contra ello. En respuesta a la aprobación de la ley, el Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) emitió un comunicado condenando la normativa, afirmando que elimina consensos sobre los medios y limita la libertad de prensa.

Uno de los aspectos más controvertidos de esta ley es la reducción del umbral necesario para elegir al director general de la cuarentena; ahora se acepta la posibilidad de hacerlo por mayoría absoluta tras dos votaciones fallidas, en las que no se logre un consenso.

Con la aprobación de esta ley, el Parlamento tiene un plazo de tres meses para iniciar la renovación de los órganos de gobierno de la nueva corporación. Longueira también cuestionó que el cambio de nombre suponga que las actuales direcciones comiencen con "el contador a cero" y planteó dudas legales sobre la contratación de nuevos directivos.

(Se prevé una ampliación de la información.)