Los festivales multados por la Xunta tras apropiación indebida de fondos ascienden a 7.500 euros.
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov.
El Instituto Galego de Consumo ha impuesto una sanción de 7.500 euros a los festivales por su comportamiento "ilícito" al quedarse con decenas de miles de euros de las pulseras cashless. Sin embargo, Facua-Consumidores en Acción ha criticado esta cantidad por ser "ridícula" en comparación con los beneficios obtenidos.
Facua denunció a las promotoras de dos festivales, Old Navy Port Producciones y Bring the Noise, después de descubrir que cobraban un euro en concepto de "gastos de gestión" a los usuarios que solicitaban la devolución del dinero introducido en la pulsera pero que no habían consumido durante el evento. Además, estas promotoras obligaban a utilizar este método de pago en todo el recinto del festival y prohibían el pago en efectivo.
Tras las denuncias, el Instituto Galego de Consumo e a Competencia ha abierto un expediente sancionador y ha propuesto una multa de 7.500 euros para ambas promotoras.
Facua critica la postura poco firme de la autoridad gallega de consumo frente a estas graves irregularidades. Estas sanciones tan bajas no son suficientes como medida disuasoria, ya que a las empresas les resulta más rentable cometer las mismas infracciones y luego pagar la multa impuesta.
Según Facua, "el beneficio ilícito obtenido por las promotoras al cobrar este euro por la devolución del dinero supera con creces la ínfima multa impuesta" por el IGC.
De acuerdo con los medios de comunicación, el Resurrection Fest contó con la asistencia de más de 132.000 personas, mientras que el Caudal Fest tuvo unos 33.000 asistentes.
Si tan solo la cuarta parte de los asistentes hubiera solicitado el reembolso, con el consiguiente pago del euro extra, el primer festival habría obtenido cerca de 33.000 euros ilícitamente, mientras que el segundo habría ganado alrededor de 8.200 euros. Estas cantidades podrían ser aún mayores.
Facua insiste en la necesidad de revisar la normativa para establecer sanciones más elevadas en casos de infracciones relacionadas con la protección del consumidor, así como de que las autoridades de consumo incrementen el importe de las multas.