• domingo 5 de febrero del 2023
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Los nuevos locales de juego se ubicarán cuando menos a 300 metros de centros institucionales y de rehabilitación

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Sep.

El Gobierno gallego dió luz verde a la novedosa ley autonómica de juego, que ampliará de 150 a 300 metros el radio de distancia mínima que debe existir entre los propios establecimientos, tal como entre ellos y institutos, institutos y centros oficiales de rehabilitación de personas jugadoras patológicas.

Además, la novedosa regla --que va a ser remitida al Parlamento a fin de que empiece su tramitación legislativa-- dejará la apertura de nuevos locales de juego, hasta un máximo de 175 que probablemente halla en la Comunidad gallega.

En todo caso, la duración fijada para todas y cada una de las autorizaciones va a ser de 15 años. Para esos locales que tengan licencias de mayor duración, asimismo se establece este periodo de 15 años desde el momento en que entre en vigor la ley.

Son ciertas claves de la novedosa ley que este jueves ha recibido el visto bueno del Consello de la Xunta en su asamblea semanal, tras la que ha comparecido el presidente, Alfonso Rueda, acompañado del vicepresidente segundo, Diego Calvo, para hablar de los datos de este artículo que va a entrar en vigor en 2023.

Calvo, quien se ha estrenado en estas ruedas de prensa desde el instante en que en el mes de mayo entró a ser parte del Gobierno gallego, ha señalado que la regla nace fruto del "dialogo con todos y cada uno de los campos implicados".

El artículo aprobado este jueves en Consello recopila que la Xunta desarrollará ocupaciones de prevención y sensibilización contra la ludopatía, tal como un catálogo de sanciones que tienen la posibilidad de ir desde los cien a los cien.000 euros, si bien el límite máximo puede subir a 600.000 euros "si hay ocasiones mucho más agravantes".

La aprobación de esta ley por la parte del Ejecutivo, se genera días antes que el Parlamento, en la sesión plenaria del martes, discuta la toma en cuenta de una exclusiva ley de juego iniciativa por el PSdeG frente a la "incapacidad" de la Xunta para actualizar la normativa que se encontraba en vigor desde 1985.

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