La Audiencia Provincial de Pontevedra ha confirmado la condena a una madre y a su hija por un delito leve de coacciones contra una inquilina, desestimando el recurso de apelación presentado por la defensa.

El fallo emitido el 8 de marzo establece una multa diaria de 9 euros durante tres meses para la madre, lo que suma un total de 270 euros, y una cuota de 6 euros durante un mes para la hija, que equivale a 180 euros.

Los hechos demostrados indican que la inquilina recibió presiones por parte de la casera y su hija después de recibir una carta de la Agencia Tributaria en marzo de 2023, solicitándole el pago directo de una deuda.

La inquilina fue sometida a constantes visitas, llamadas telefónicas, mensajes de texto y presiones para abandonar el apartamento, además de requerimientos de dinero extra por posibles daños en la vivienda y advertencias sobre una subida del IPC. Incluso llegaron al extremo de colocar una muñeca de trapo cerca de la puerta para infundir miedo.

La casera apeló la condena alegando la falta de violencia en el caso, pero la Audiencia rechazó este argumento al considerar que las acciones de presión moral ejercidas por ambas acusadas conformaban un delito leve de coacciones, según lo establecido por la jurisprudencia del Supremo.