Los municipios de Ames, Padrón, Dodro, Rianxo, Boiro, A Pobra y Ribeira, unidos bajo la iniciativa 'Concellos pola gratuidade da AP-9', han exigido al Gobierno una respuesta que se ajuste a la gravedad de la situación actual. Esta demanda surge a raíz del reciente pronunciamiento de la Comisión Europea sobre la extensión de la concesión de la autopista AP-9, que fue otorgada por el Ejecutivo de José María Aznar en el año 2000 y que ahora se extiende hasta 2048.

En un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Ames, se recuerda que esta plataforma fue creada el 25 de febrero con el objetivo de solicitar la formación de una mesa de diálogo entre el Ministerio de Transportes y los consistorios afectados, ante la presión generada por las exorbitantes tarifas impuestas por la empresa concesionaria.

Los firmantes del manifiesto hacen un llamado al Gobierno de España para que cumpla con la resolución europea que se opone a la prolongación considerada ilegal de la concesión de la AP-9. Al respecto, subrayan que el actual Gobierno tiene la oportunidad de ser recordado como el que permitió la liberalización de esta autopista en beneficio de los gallegos, o como el responsable de que "Audasa continúe beneficiándose de manera abusiva a costa de los ciudadanos".

Desde la plataforma, se destaca que "Concellos pola gratuidad de la AP-9" se encuentra en un momento crucial, considerando que jamás se había contado con un respaldo legal y social tan firme para enmendar un error histórico que se remonta al 2000, cuando estaba en el poder el Partido Popular de José María Aznar.

Además, la iniciativa denuncia que "Audasa posee la concesión más lucrativa de la Red de Carreteras del Estado, acumulando más de 1.000 millones en ingresos totales, con proyecciones que en 2024 podrían alcanzar hasta los 2.010 millones". A pesar del impacto de la pandemia en 2019, que restringió su operatividad, la empresa logró generar 365 millones en ingresos, lo que resalta la rentabilidad de la concesión.