En un evento significativo llevado a cabo en Santiago de Compostela, la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, presentó el anteproyecto de la ley de administración local a los representantes de los colegios territoriales de secretarios, interventores y tesoreros de las provincias de A Coruña-Pontevedra, Ourense y Lugo. Este encuentro se centró en detallar las modificaciones que impactan en el ámbito local y en el funcionamiento de las entidades administrativas.

Prieto afirmó que la nueva normativa representa una total renovación del sistema organizativo y operativo de las entidades locales, vigente durante tres décadas. Con esta reforma, se busca actualizar y mejorar la eficiencia en la gestión pública local, resaltando la importancia de adaptarse a las necesidades contemporáneas.

Una de las innovaciones más destacadas es la posibilidad de que las agrupaciones de municipios compartan personal fijo, lo que antes estaba restringido a ciertas categorías de funcionarios. Este enfoque permitirá que las localidades con menos recursos puedan acceder a una variedad de profesionales, incluyendo personal técnico y de servicios sociales, elevando así la calidad del servicio público disponible en comunidades más pequeñas.

El fortalecimiento de las mancomunidades de municipios y el establecimiento de áreas funcionales temporales también se presentan como soluciones efectivas para facilitar la colaboración entre diferentes entidades locales. Estas medidas facilitan la cooperación en el ámbito municipal, permitiendo una gestión más eficaz y coordinada.

Prieto enfatizó que el anteproyecto incorpora aspectos innovadores, alineándose con las tendencias actuales en administración pública. Se introducen figuras adaptadas al uso de inteligencia artificial y a las tecnologías emergentes, garantizando así que las entidades locales se mantengan al día con los avances tecnológicos.

Una de las disposiciones más relevantes es la regulación del personal directivo público local, que permitirá a los municipios con más de 30.000 habitantes contar con personal especializado en la gestión de funciones críticas. Esta es una oportunidad que se aúna a la eficiencia administrativa, ya que hasta ahora no existía en la normativa autonómica.

El anteproyecto también destaca por su enfoque en la modernización y simplificación de procedimientos administrativos, priorizando el uso de sistemas electrónicos. Se ofrecerá regulación para las sesiones a distancia, permitiendo que las reuniones del pleno sean completamente telemáticas o mixtas, lo que sin duda facilitará la participación ciudadana.

No obstante, se especifica que las sesiones presenciales seguirán siendo obligatorias para ciertos actos fundamentales, como la constitución de la entidad local o la elección del alcalde. Esto asegura que los procesos críticos mantengan su formalidad y seriedad, a la vez que se avanza hacia una gestión más flexible.

Finalmente, el nuevo marco legal establece un compromiso por la transparencia y el gobierno abierto, adaptando las normativas locales a las exigencias actuales y a la implementación de herramientas de inteligencia artificial. Con ello, se persigue no solo la modernización, sino también una mayor rendición de cuentas frente a los ciudadanos.