La Xunta de Galicia se prepara para fortalecer las medidas de protección hacia su personal sanitario, estableciendo la posibilidad de exigir a los agresores la compensación por daños materiales y por los costos de atención médica que puedan requerir las víctimas de agresiones en el ámbito de la salud.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 de mayo.

En un reciente cambio legislativo, la Xunta ha propuesto una modificación a la Lei de Saúde de Galicia que incluye sanciones para aquellos que agredan a los trabajadores de la salud. Las multas establecidas varían desde 300 euros para infracciones menores hasta 15.000 euros para casos más severos.

Este nuevo marco legal no solo protege al personal del Servizo Galego de Saúde (Sergas), tanto sanitario como no sanitario, sino que también se extiende a los empleados de hospitales y clínicas privadas, garantizando así un entorno más seguro para todos los profesionales del sector.

La iniciativa fue anunciada tras un alarmante incidente donde un enfermero fue agredido en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), lo que provocó protestas masivas del personal de salud en la región. Estas circunstancias han justificado la urgencia de adoptar esta legislación protectora.

La ley implica una serie de modificaciones a la Lei de Saúde de 2008, introduciendo un régimen de sanciones que clasifica las infracciones en tres categorías: leves, graves y muy graves. Estas infracciones abarcan desde faltas de respeto y alteraciones del orden en los centros de salud, hasta agresiones físicas directas al personal.

Las infracciones leves incluirán comportamientos como insultos o acciones que perturben la actividad normal de los centros sanitarios. Los actos más serios, como amenazas o destrucción de instalaciones, se categorizarán como infracciones graves, especialmente aquellas que interrumpan el funcionamiento efectivo de los servicios de salud.

Por otro lado, las agresiones físicas al personal se contemplan como infracciones muy graves, con penalizaciones más severas, así como la reincidencia en comportamientos considerados graves en un periodo de cinco años.

Además, la normativa introduce una cláusula que obliga a los agresores a reparar cualquier daño causado y a asumir el coste de la atención médica proporcionada a la víctima. Esto incluye la evaluación de la posibilidad de cambiar de médico o de centro de salud para quienes cometan infracciones contra el personal sanitario.

La autoridad encargada de gestionar el proceso sancionador será la dirección territorial de la Consellería de Sanidade para infracciones leves; la Secretaría Xeral Técnica para las consideradas graves; y el conselleiro para las muy graves.

La nueva legislación también definirá el concepto de "violencia en el ámbito sanitario", abarcando tanto la violencia física como la verbal contra los profesionales del sector durante el ejercicio de sus funciones.

La definición de "profesional del ámbito sanitario" se ampliará para incluir no solo a quienes realizan tareas asistenciales, sino también a personal administrativo y otros que participen en la atención al paciente, incluso en su hogar o durante el transporte en ambulancias.

Asimismo, se reafirma el compromiso de la Xunta de ofrecer asistencia psicológica y jurídica a los trabajadores de la sanidad tras incidentes de violencia, además de exigir a los centros privados la contratación de seguros que brinden defensa legal a las víctimas de este tipo de violencia.

La modificación de la ley también contempla un plan autonómico de prevención, la creación de un registro de actos de violencia y campañas para sensibilizar tanto al personal como a la población en general acerca de la importancia de mantener un entorno seguro en el ámbito sanitario.