Okupas destruyen propiedad privada y obligan a propietarios a pagar sus suministros.
La Fiscalía ha solicitado el inmediato desalojo de una vivienda en la calle Pardavila de Vigo, la propiedad de una mujer que reside en Alemania y que ha sido ocupada desde hace más de un año. Además, ha estado pagando los suministros de quienes ocupan la casa sin su consentimiento, lo que ha supuesto un coste de miles de euros.
Este jueves se han celebrado dos vistas en los juzgados de Vigo relacionadas con los hechos. En la primera de ellas, se ha juzgado al primer okupa que se instaló en la vivienda en marzo del año pasado sin autorización de la propietaria y que se marchó en septiembre, llevándose consigo mobiliario, electrodomésticos y recuerdos personales y familiares. La acusación particular y la Fiscalía reclaman que el acusado devuelva 1.500 euros de gastos a la propietaria, así como indemnización por daños morales. El acusado no se presentó a la vista.
En la segunda vista, que tuvo lugar en el juzgado de instrucción número 7 de la ciudad, las acusadas, una tía y su sobrina, afirmaron ante el tribunal que estaban pagando una renta mensual de 750 euros al supuesto propietario de la casa, llamado Alberto, que resultó ser el primer okupa denunciado. Las mujeres presentaron un contrato de arrendamiento, mientras que la perjudicada presentó el testamento que acredita que ha heredado la vivienda de sus padres, así como las facturas de los suministros.
Las acusaciones solicitan que las dos acusadas sean condenadas al pago de una multa de 900 euros, y se les obligue a pagar las facturas de los suministros durante su estancia en la casa okupada y los billetes de avión de la perjudicada, quien ha tenido que desplazarse desde Alemania para afrontar esta problemática. Estos gastos, con facturas, ascienden a 2.180 euros, a los que habría que sumar el último recibo del agua, que aún no está facturado, y que asciende a unos 700 euros. También se sumarán otros consumos que se siguen realizando y los daños que se periten en el interior del inmueble.
Además, las acusaciones piden que las procesadas indemnicen solidariamente a la propietaria con 6.000 euros por los daños morales, y que se ordene el desalojo inmediato. La representación de la perjudicada y el ministerio público consideran que el contrato de arrendamiento presentado por las acusadas no es suficiente para demostrar la propiedad de la casa, ya que no se ha demostrado que el supuesto arrendador sea el propietario de la vivienda. Las defensas han pedido la libre absolución, considerando que una de las acusadas cuenta con un contrato de alquiler justo y que la otra solo está en la casa de forma circunstancial.
Las letradas de la defensa también han señalado que la propietaria no ha presentado documentos que confirmen su propiedad de la vivienda, como pueden ser recibos a su nombre, título de propiedad, registro catastral o impuesto de sucesiones.