El próximo jueves, se llevará a cabo el juicio de un hombre y una mujer detenidos en Nigrán, Pontevedra, en abril de 2023, acusados de un grave delito contra la salud pública. La Fiscalía ha presentado cargos en su contra tras la incautación de un impresionante cargamento de 20 kilos de heroína, que fueron hallados ocultos en su vehículo. Ambos enfrentan la posibilidad de cumplir una condena de 8 años de prisión por esta grave infracción.

El caso comenzó cuando la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional decidió establecer un dispositivo de vigilancia sobre la pareja. La razón de este seguimiento se debía a sus conexiones con una tercera persona que ya había sido condenada por narcotráfico, lo que despertó las sospechas de las autoridades sobre sus actividades delictivas.

En la madrugada del 31 de marzo de 2023, los agentes observaron que los acusados iniciaban un viaje hacia un destino que, según las investigaciones previas, podría estar relacionado con el tráfico de drogas en los Países Bajos. Su trayecto culminó cuando fueron interceptados a su regreso, el 2 de abril, al llegar a Nigrán.

Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron una operación minuciosa en la que 40 paquetes de heroína, que sumaban un total de 20 kilos, estaban ocultos entre los paneles traseros y la chapa del coche. Además, en el bolso de la mujer, la Policía se incautó de 895 euros en efectivo, junto con seis teléfonos móviles, cuatro portatarjetas y libretas con anotaciones que parecen ser delictivas.

Las indagaciones no se limitaron al vehículo. Se realizó un registro en un garaje que estaba alquilado a nombre de la mujer, donde los policías encontraron un coche cuyo maletero escondía una maleta con candado. En el interior de esta maleta, se descubrieron otros 4 kilos de heroína, así como una serie de herramientas que se utilizan en el tráfico de drogas, incluyendo una báscula de precisión, un cúter, gafas de protección y utensilios para el pesaje y la manipulación de sustancias ilegales.

El ministerio público sostiene que los acusados transportaron y almacenaron la droga bajo las órdenes de terceros aún no identificados, y lo hicieron a cambio de una compensación económica. Por estas razones, la Fiscalía considera que son culpables de un delito contra la salud pública, y ha solicitado que se les imponga una pena de 8 años de prisión, así como una multa que supera los 2 millones de euros, cifra que equivale al triple del valor del narcótico confiscado.