A Coruña, 8 de abril. En un acontecimiento judicial significativo, la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha impuesto penas que suman un total de 53 años y once meses de prisión a un matrimonio acusado de actividades delictivas graves. Entre los cargos que enfrentan se encuentran delitos contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas de alta peligrosidad, así como la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la inmigración ilegal.

La sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), establece que desde al menos 2019, los condenados se beneficiaron económicamente mediante la explotación de la prostitución en viviendas ubicadas en Ferrol y Narón. Los magistrados han calculado que estos individuos mantenían un entramado organizado para facilitar la llegada de mujeres paraguayas a España, incumpliendo así las leyes de extranjería vigentes.

Según los detalles ofrecidos por el tribunal, estas mujeres eran traídas bajo promesas engañosas y se les imponía una deuda que oscilaba entre los 5.000 y 7.000 euros, siendo muchas de ellas ajenas al verdadero alcance de dicha carga financiera. La única manera que tenían de saldar dicha deuda era a través de la prostitución, actividad cuyos precios, horarios y condiciones eran dictadas por los acusados, quienes controlaban estrictamente cada aspecto de la vida de las mujeres explotadas.

El tribunal resalta que el contexto de vulnerabilidad de las víctimas —que incluía juventud, situación de ilegalidad y falta de apoyo familiar o económico— contribuyó a crear un ambiente de miedo y aislamiento. Los jueces argumentan que esto facilitó un estado de sumisión y dependencia que las obligaba a acatar las órdenes del matrimonio, acentuando su desamparo y la necesidad de cumplir con las deudas adquiridas durante su travesía a España.

El fallo judicial se basa en un conjunto sólido de pruebas, incluyendo testimonios de testigos que han respaldado la acusación. Estos relatos se han visto complementados con evidencia documental, bancaria y policial que evidencian la conexión entre la trata de personas, la inmigración ilegal y la explotación económica a través de la prostitución. Además, se ha señalado que paralelamente, estos delitos incluyeron actividades de tráfico de drogas.

A pesar de la firmeza de la sentencia, esta aún no es definitiva, ya que los condenados tienen la posibilidad de presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, lo que abre la puerta a una posible revisión del caso en el futuro.