Facenda se enfrenta a la inminente finalización del plazo marcado para la estabilización del empleo público, mientras que numerosos afectados expresan su preocupación por la posibilidad de que muchos trabajadores con contratos de más de 15 años queden excluidos de este proceso.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 de diciembre. Queda menos de una semana para que, a 31 de diciembre de 2024, la Xunta cumpla con el compromiso adquirido ante Europa de resolver los 210 procesos selectivos que actualmente están en marcha con el objetivo de estabilizar el empleo público. De estos, 151 se gestionan mediante el sistema de concurso y 59 a través del concurso-oposición, afectando a un total de 5.675 plazas en el ámbito de la Administración autonómica.

El Gobierno gallego sostiene que "la mayoría" de estos procesos se encuentran "en fase de finalización". Según indicaron fuentes de la Consellería de Facenda, el 64,3% de estos concursos ya ha publicado la lista de aprobados, con un total de 126 plazas por concurso y nueve por concurso-oposición, de acuerdo con los datos más recientes proporcionados a Europa Press.

De acuerdo a la información proporcionada, que fue actualizada el 20 de diciembre, un 23,8% de los procedimientos, lo que equivale a 22 concursos y 28 concursos oposición, ha publicado o está a punto de publicar el baremo definitivo, mientras que un 10,95% —dos concursos y 21 por concurso oposición— tiene un baremo provisional que es inminente. Sin embargo, hay que destacar que un concurso por concurso y dos en la modalidad de concurso-oposición han quedado “desiertos”, según informes de la consellería.

A tan solo días de cerrar el año, se revela que el 35% de los procesos en curso, es decir, 73 de los 210, aún no ha publicado la relación de aprobados. Tras la resolución de todos ellos, la Xunta ha asegurado que se esforzará por agilizar el proceso "en la medida de lo posible" para que los seleccionados puedan tomar posesión de sus puestos en el primer trimestre de 2025.

Desde el sindicato CNT se alza la voz de alarma, denunciando que "cientos de temporales" están frente a la posibilidad de perder sus empleos una vez que concluyan estos procesos de estabilización. Trabajadores afectados han comentado a Europa Press su descontento con el manejo de esta situación, argumentando que se está "estabilizando plazas y no personas", lo que dejará fuera a empleados que han laborado más de 15 años en la Administración autonómica.

Los críticos subrayan que Función Pública está llevando a cabo este proceso sin verificar adecuadamente las plazas que cumplen con los requisitos establecidos por la ley 20/2021, que busca reducir la temporalidad en el empleo público de manera urgente.

Las fuentes de Facenda aclaran que, según esta normativa, las plazas que se consideran para el concurso son aquellas ocupadas de manera temporal sin interrupciones anteriores al 1 de enero de 2016. Tras consultas con las distintas consellerías, la Xunta identificó más de 5.600 plazas que fueron convocadas inicialmente.

"Después de analizar la propuesta en el marco del diálogo social, se añadieron 39 plazas por el sistema de concurso y cuatro por el sistema de concurso-oposición, dado que cumplían con lo establecido por la ley", indican desde la consellería.

Los empleados consultados que tienen críticas hacia el proceso de estabilización han afirmado que las acciones de Función Pública son claras: "se demuestra que se está desarrollando el proceso selectivo sin verificar las plazas que cumplen la ley".

Una vez se publiquen las resoluciones de selección de destinos, se determinará el número de trabajadores "que dejarán de prestar servicios", reconoce la Consellería de Facenda.

Sin embargo, han puntualizado que "esas personas regresarán a las listas de contratación y podrán ser convocadas para cubrir, entre otros, los puestos que se queden vacantes tras la estabilización".

A pesar de las transformaciones, Facenda enfatiza que el número total de puestos ocupados no sufrirá cambios significativos, aunque sí habrá un aumento en la cantidad de posiciones ocupadas por funcionarios de carrera o empleados fijos.

Además, se descarta que se necesiten "asistencias técnicas para llevar a cabo tareas" que impliquen "un vínculo laboral fijo" tras el proceso de estabilización.

En un informe de fiscalización sobre los gastos de personal de la administración general, que abarca del 2014 al 2019 y fue divulgado a finales de 2021, el Consello de Contas confirmó que la temporalidad en 2019 llegó a un 27,75% (una cifra que aún se encontraba por debajo del 36,19% en la que se posicionaba la media de las comunidades autónomas en ese momento).

Este porcentaje resulta "especialmente significativo" en el ámbito del personal laboral, donde la temporalidad alcanza el 50%, y un 33% en el personal estatutario. El documento hace referencia a acuerdos de concertación del empleo público firmados entre las organizaciones sindicales en 2017 y 2019, que tienen como objetivo incrementar la estabilidad laboral y reducir la temporalidad.

Hoy por hoy, el Gobierno autonómico asegura que los procesos que están "en fase de finalización" conducirán a una reducción de la tasa de temporalidad "estructural", de manera que, una vez que se culminen, esta cifra se sitúe en Galicia por debajo del 8%.