En una reciente intervención en Bruselas, el presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, ha defendido en gallego la unidad de las 17 comunidades autónomas españolas, que demandan un papel más activo en la gestión de los recursos europeos. Esta postura fue presentada durante el 164º pleno del Comité de las Regiones (CdR), donde se propuso una gobernanza descentralizada que respete el rol crucial de las regiones y las entidades locales en el manejo de los fondos europeos.

Rueda, quien fue elegido vicepresidente del CdR, enfatizó el deseo de las comunidades de asumir un protagonismo relevante en la nueva etapa que se vislumbra. En su discurso, destacó la importancia de la política de cohesión, defendiendo que debe seguir siendo un componente esencial en la estructura de apoyo de la Unión Europea, especialmente en tiempos de incertidumbre global.

El presidente gallego argumentó que la gestión de los fondos europeos debe ser flexible y simplificada, aunque advirtió enérgicamente contra cualquier intento de recentralizar el control, argumentando que dicha acción no conduce a una mejor eficiencia ni rapidez en la ejecución de proyectos.

Rueda hizo hincapié en que el futuro de los recursos europeos debería centrarse en aumentar la participación de las comunidades y entidades locales, rechazando la idea de que estas queden reducidas a meros ejecutores de decisiones tomadas desde instancias superiores. Afirmó que las experiencias a nivel local han demostrado su valía y capacidad para gestionar eficazmente los fondos.

El posicionamiento acordado en este ámbito ante los retos del futuro presupuesto comunitario subraya el papel fundamental que la política de cohesión ha jugado a lo largo de diversas crisis recientes, incluyendo la financiera de 2008, la pandemia y el conflicto en Ucrania.

Las comunidades también reconocen que hay espacio para mejorar la política de cohesión, particularmente en cuanto a su simplificación y flexibilidad. Sin embargo, enfatizan que la simplificación no debe convertirse en un sinónimo de centralización, ya que esto contradice el principio de subsidiariedad que debería ser el modelo de toma de decisiones adecuado.

Asimismo, solicitan que se respeten los criterios de asignación regional establecidos a nivel de la UE, buscando una negociación abierta con los Estados y regiones para garantizar una participación activa en las decisiones que afectan a la implementación de los fondos, así como en su gestión.

Las autonomías españolas también demandan el mantenimiento de programas regionales que ellas mismas diseñan y ejecutan, recordando que actualmente manejan aproximadamente la mitad de los fondos asignados a España para políticas regionales. Además, subrayan la necesidad de recibir información precisa sobre la ejecución de territorios para asegurar que las inversiones sean complementarias y efectivas.

Manifestando su plena responsabilidad en la gestión de estos programas, las comunidades piden un mayor nivel de descentralización en recursos, acorde con las competencias que ostentan. Rueda destaca que España es uno de los escasos países europeos en los que, a pesar de tener programas regionales, las comunidades actúan solo como intermediarios en la gestión y no como autoridades directas.

Las autonomías también avalan la orientación a resultados que comenzó a implementarse en el periodo actual de 2021-2027, aunque subrayan la necesidad imperiosa de una planificación adecuada para que esta sea efectiva. En el contexto del Semestre Europeo, expresan su disposición a involucrarse en las reformas recomendadas por la UE que impactan en sus competencias, especialmente en áreas como empleo y educación.

Además, insisten en que la asignación de recursos de la política de cohesión no debe estar condicionada a reformas que impliquen exclusivamente a los Estados. Recuerdan las recomendaciones de la UE sobre mejorar la coordinación intergubernamental y sugieren una reflexión profunda sobre el funcionamiento de las conferencias sectoriales.

A las comunidades les preocupa que, para abordar los grandes desafíos de la UE—como la seguridad y la competitividad—el actual presupuesto represente solo alrededor del 1% del PIB de la Unión. Por ello, hacen un llamado para reanudar negociaciones en el Consejo sobre nuevos sistemas de recursos propios para aumentar el presupuesto de la UE y atender así dichos retos.

Por último, Rueda, tras su intervención, hizo entrega del documento consensuado por las comunidades autónomas al vicepresidente de la Comisión Europea encargado del tema, Raffaelle Fitto, reafirmando la postura unificada de las autonomías en este crucial ámbito de acción política y económica.