En Santiago de Compostela, el pasado miércoles, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hizo una importante declaración sobre la política de vivienda en Galicia, revelando que el Gobierno autónomo está planeando aumentar los umbrales de renta requeridos para que los ciudadanos puedan acceder a la compra de viviendas de promoción pública.

Rueda hizo hincapié en que no resulta lógico que una pareja con un ingreso total de 24.000 euros no tenga la posibilidad de adquirir una vivienda pública. Estas declaraciones se produjeron en el contexto de una sesión de control en el Parlamento gallego, donde el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, cuestionó al mandatario sobre las estrategias aplicadas en materia de vivienda.

El presidente de la Xunta no se detuvo ahí, sino que recordó que su gobierno se compromete a asegurar que las viviendas protegidas mantengan su estatus de protección, criticando abiertamente la gestión anterior del PSOE, que, según sus palabras, desprotegió 10.000 viviendas en un lapso de cuatro años. Rueda enumeró una serie de iniciativas que la Xunta ha implementado o tiene en preparación, en respuesta a las demandas de Besteiro, quien pidió una mayor ambición y una firme apuesta por lo público en este ámbito.

Por otro lado, Besteiro propuso la necesidad de cumplir con la ley estatal de vivienda, especialmente en relación con la declaración de zonas tensionadas. Adicionalmente, sugirió la creación de un banco público de alquileres que ofrezca precios accesibles, argumentando que la grave situación habitacional está afectando a miles de gallegos.

Rueda contestó asegurando que la Xunta se ceñirá a la ley y que, siempre que se cumplan los requisitos pertinentes, la declaración de zonas tensionadas no presentará ningún inconveniente. Sin embargo, subrayó que los ayuntamientos, incluidos aquellos gobernados por el PSOE, no están completando los procesos necesarios. Al respecto, reiteró que hay razones para esta falta de cumplimiento.

Por último, el presidente de la Xunta enfatizó que no se pueden demonizar a los propietarios, ya que este enfoque no traerá resultados positivos y, por el contrario, puede dañar la confianza necesaria entre los actores del mercado inmobiliario. Afirmó con firmeza que la ley vigente necesita cambios significativos para abordar adecuadamente la situación.