SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 de febrero.

La Administración de Augas de Galicia ha decidido imponer una multa de 300.000 euros al Ayuntamiento de Santiago, tras abrir un expediente relacionado con la calidad del agua del río Sar. Este proceso se originó a partir de una evaluación realizada por el organismo, que depende de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático, y llevó a la denuncia correspondiente.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha comentado sobre este asunto, señalando que el expediente sancionador se basa en una medición que evidenció que la antigua depuradora no estaba funcionando adecuadamente. "Esto era un hecho conocido, especialmente considerando que ya se había desmontado parte de la instalación como parte del plan para la construcción de la nueva depuradora", explicó Sanmartín, quien además anticipó que la decisión del ente regional estaba en camino.

El Ayuntamiento tiene la intención de presentar alegaciones a esta resolución, la cual fue emitida el 4 de febrero, a partir de la cual el Consistorio cuenta con 15 días para responder. De manera simultánea, los servicios técnicos informaron a Aquaes, que ahora gestiona la operatividad de la depuradora, así como a la empresa encargada del alcantarillado y el suministro de agua, para que tomen las medidas necesarias respecto a esta situación.

Sanmartín ha destacado el notable avance en la construcción de la nueva depuradora, que ya opera de manera parcial, y cuya finalización está programada para el verano de 2026. En este sentido, la alcaldesa se mostró sorprendida por la decisión de imponer la sanción justo en el momento en que la situación de la depuradora está a punto de solucionarse y en el contexto de un proyecto del que el gobierno autonómico también es parte.

La regidora sugirió que la decisión refleja una motivación política, recordando con frustración que durante 15 años, el río ha sufrido contaminaciones por ineficiencias en la depuradora. Consideró que existe un aparente interés por sancionar al Ayuntamiento en lugar de abordar la cuestión de manera constructiva.

Un punto que llamó la atención de Sanmartín es la supuesta "intencionalidad" en relación con el incumplimiento de la autorización del vertido, ya que, según se afirma en el expediente, la antigua depuradora fue desmantelada antes de que la nueva estuviese completamente operativa. "¿Cómo se puede acusar de intencionalidad en esta circunstancia? Era algo previsible", cuestionó, además de señalar que el acuerdo está firmado por el Ayuntamiento, la Xunta y el Gobierno de España.

La multa impuesta ha sido categorizada como "grave", siendo la cantidad máxima dentro del rango que va de 30.001 a 300.000 euros. Inicialmente, el caso había sido clasificado como "leve", a lo que el Ayuntamiento había presentado sus alegaciones. Sin embargo, según la alcaldesa, la nueva infracción se resolvió con "otras mediciones" y no dejó espacio para más alegaciones.

Sanmartín criticó que lo que comenzó como un asunto leve, sin la oportunidad de una audiencia previa, se transformara de repente en una infracción grave justo en el momento en que la nueva instalación comienza a operar, llevando a la aplicación de la sanción más severa posible.