En una protesta con centenares de personas, se ha clamado por la dimisión de la gerencia del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) en medio de la indignación por la reciente agresión a un enfermero y a un vigilante con un arma blanca. La demanda de mayores protocolos de seguridad y más recursos ha llevado a los manifestantes desde Urgencias hasta la sede del hospital, exigiendo la salida del gerente Luis Verde Remeseiro.

Con gritos y lemas denunciando la supuesta "mala gestión" y mostrando pancartas que expresan frases como "la precariedad también es violencia" o "stop agresiones", la presidenta de la Comisión de Centro del Chuac, María Formoso, ha destacado la necesidad de más personal y espacios adecuados en el ámbito sanitario y de seguridad.

La falta de seguridad y de recursos ha sido un tema recurrente en las protestas, con la secretaria comarcal de CIG-Saúde denunciando que las agresiones al personal sanitario no son un hecho aislado, sino más bien una situación habitual que pone en riesgo tanto a los trabajadores como a los pacientes.

La escasez de habitaciones y personal especializado en áreas como la salud mental ha sido señalada como un problema grave, con unidades colapsadas y pacientes pasando días en servicios de Urgencias por la falta de camas. La necesidad de respuestas adecuadas por parte de la gerencia y la Consellería de Sanidade ha sido un reclamo constante por parte de los manifestantes.

A pesar de expresar solidaridad con las víctimas y rechazar la violencia en el entorno sanitario, el gerente del área sanitaria ha enfatizado la importancia de revisar protocolos y trabajar juntos para prevenir futuros incidentes. Sin embargo, las demandas de dimisión no han sido abordadas directamente ante los medios.

Las organizaciones sindicales han respaldado las demandas de más medios y seguridad para el personal sanitario, calificando los actos de violencia como parte de un problema sistémico que requiere acciones contundentes por parte de las autoridades pertinentes. La presión para garantizar la protección de los trabajadores de la salud sigue en aumento y la exigencia de medidas efectivas para combatir esta lacra es incuestionable.