En Santiago de Compostela, 4 de noviembre, se ha gestado una demanda unificada entre los ayuntamientos de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, quienes han instado a la Xunta de Galicia a aclarar su regulación sobre licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC). Los representantes municipales han solicitado una moratoria en la concesión de nuevas licencias hasta que se realice un análisis exhaustivo que revele la verdadera situación del sector.

Este acuerdo fue alcanzado durante una reunión que tuvo lugar este martes, donde los responsables de tráfico de las tres ciudades se reunieron con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Esta última se encargará de trasladar esta solicitud y otras inquietudes a su junta ejecutiva, para gestionar que dichas propuestas sean elevadas a la Xunta.

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, enfatizó la necesidad de establecer un diálogo efectivo con la Xunta, argumentando que no es razonable que la carga de regulación recaiga exclusivamente en los municipios. Varela destacó la importancia de una colaboración más estrecha entre ambas partes para abordar estos retos de forma más integral.

El Ayuntamiento de Santiago también ha manifestado su preocupación por la falta de estudios previos por parte de la Xunta antes de otorgar nuevas licencias de VTC. Criticaron que mientras los ayuntamientos deben presentar amplios informes para regular las licencias de taxi, la Xunta continúe autorizando nuevas concesiones sin un análisis detallado del contexto del sector.

El Consistorio de Santiago ha señalado que, aunque la Xunta permite trayectos interurbanos, el verdadero negocio para el sector radica en los traslados urbanos, los cuales no han sido autorizados por los ayuntamientos en sus normativas, creando incertidumbre en la gestión del transporte.

En A Coruña, la concejala de Mobilidade e Infraestruturas, Noemí Díaz, insistió en que un estudio de demanda es fundamental para la concesión de licencias VTC. Resaltó que una regulación ordenada, basada en datos reales, es clave para asegurar la viabilidad del sector y contribuir a la organización del servicio de transporte.

Díaz criticó el enfoque actual de la Xunta, que permite a cada municipio regular el servicio de VTC de manera independiente, lo que podría conducir a una confusión normativa y a una falta de derechos para los trabajadores del sector.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, de forma más pragmática, destacó que su ciudad cuenta con un buen servicio de taxis. Sin embargo, también apuntó que es fundamental realizar un estudio de demanda para evaluar si la oferta existente es adecuada para satisfacer las necesidades de transporte de la población.

Caballero mencionó que la falta de un análisis adecuado por parte de la Xunta está impidiendo un enfoque coordinado en la regulación, sugiriendo que la administración debe asumir su responsabilidad en la planificación y control de las licencias de VTC.

En otra línea de reflexión, la regidora de A Coruña, Inés Rey, criticó la normativa vaga de la Xunta, que deja en manos de los ayuntamientos las responsabilidades que debería gestionar el gobierno regional. Describió este como un modo de eludir las obligaciones que competen a la administración gallega.

En el marco de esta controversia, el miércoles, un millar de taxistas de diversas localidades de Galicia participaron en una marcha lenta en Santiago de Compostela. Esta protesta buscaba visibilizar la necesidad de un mayor control por parte del Ejecutivo gallego sobre las licencias de vehículos de alquiler con conductor, destacando así la urgencia de una respuesta articulada ante esta problemática.

La manifestación se realizó en caravana por las calles de Santiago, pasando por delante del Parlamento gallego y otros edificios de la Xunta, evidenciando la preocupación y la descontento del sector ante la situación actual de la regulación del transporte VTC.