El pasado 26 de octubre, en Santiago de Compostela, la senadora de la formación política Bloque Nacionalista Galego (BNG), Carme da Silva, ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que acelere el proceso de recuperación del acceso público a la isla de Toralla, ubicada en Vigo. Da Silva señaló la necesidad de que la administración cumpla con la legislación vigente y ejecute el proyecto destinado a restituir la isla a la comunidad local.
Con este objetivo en mente, el BNG ha presentado iniciativas al Gobierno para obtener información sobre la situación actual del proyecto y sobre los plazos previstos para su desarrollo y realización. Estas acciones buscan esclarecer los pasos que se están siguiendo en este importante proyecto para los habitantes de Vigo.
La senadora recordó que en abril el Ministerio para la Transición Ecológica había informado, en respuesta a una consulta del BNG, que el contrato para la elaboración del proyecto había sido adjudicado y que su ejecución estaba programada para completarse en un plazo de seis meses, lo que significaba que debería estar finalizado para finales de septiembre.
“Es crucial saber si este proyecto se ha culminado, si fue enviado al Ministerio y cuándo se hará pública la información, de acuerdo con lo que establece la normativa”, resaltó Da Silva. Además, subrayó que la isla ha estado bajo una situación de privatización durante décadas, lo que contraviene la legislación sobre costas.
Da Silva enfatizó que la recuperación del acceso público a Toralla es una “demanda histórica” de la comunidad viguesa. A pesar de las numerosas quejas presentadas en los últimos años, los ciudadanos siguen sin poder acceder libremente a las áreas que son de dominio público en la isla.
La senadora del BNG advirtió que la isla de Toralla no puede seguir simbolizando la especulación urbanística ni la usurpación privada del litoral gallego. “Es el momento de restituir a los vecinos lo que siempre les ha pertenecido”, concluyó.
Finalmente, en un comunicado de prensa, el BNG ha exigido al Ministerio “claridad en los plazos” y un “compromiso firme” para llevar a cabo el proyecto, con el fin de “asegurar el cumplimiento efectivo de la ley de costas y garantizar el acceso libre de la ciudadanía a estos espacios”.
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