La Xunta destaca que la implementación del acuerdo ha permitido salvar más de 200 aulas en el sistema educativo gallego. Esta afirmación surge en medio de la polémica desatada por el sindicato CC.OO., UGT y ANPE, que están considerando recurrir a los tribunales para exigir el cumplimiento total de las reducciones de ratios y horario lectivo establecidas en el documento firmado el año pasado con la Consellería de Educación. Los sindicatos alegan que la administración autonómica está aplicando el acuerdo de forma progresiva, lo cual va en contra de lo estipulado en el pacto.

En contraparte, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, ha defendido que la puesta en marcha del acuerdo ha permitido mantener en funcionamiento un total de 7.336 aulas en el próximo curso, dos más que en el año anterior, a pesar de la reducción de 4.030 matrículas. Esta situación ha sido resaltada tanto por la Xunta como por los sindicatos firmantes del acuerdo, aunque estos últimos critican que las reducciones de ratios no se están aplicando completamente y exigen su implementación inmediata.

Los sindicatos, además, han expresado su intención de realizar movilizaciones en el comienzo del curso escolar para presionar en favor del cumplimiento total del acuerdo, e incluso están contemplando recurrir a los tribunales si es necesario. Se espera que para septiembre se conozca la situación final de las unidades docentes y las ratios para el próximo año académico.

Por otro lado, la CIG ha mostrado su descontento con el cierre de algunos centros educativos, especialmente en zonas rurales, y ha advertido sobre posibles protestas y movilizaciones en el mes de septiembre. Este sindicato, que no suscribió el acuerdo de octubre de 2023, critica la falta de refuerzos en el personal de apoyo a estudiantes con necesidades especiales y la falta de coherencia en la asignación de recursos docentes.

En respuesta a las decisiones de la Consellería de Educación, varios ayuntamientos han manifestado su desacuerdo, convocando plenos extraordinarios y protestas en defensa de los centros educativos locales que se ven afectados por los recortes de profesorado. Por lo tanto, la polémica en torno a la aplicación del acuerdo educativo con la Xunta continúa generando tensiones y críticas por parte de diferentes sectores de la sociedad gallega.