En el marco del aniversario del trágico accidente del tren Alvia en Angrois, Santiago de Compostela, el debate sobre la responsabilidad de las autoridades vuelve a cobrar relevancia. Se señala a Isabel Pardo de Vera, quien ocupó el cargo de directora de obra en el momento del siniestro, y está actualmente imputada. Esto ha llevado a muchos a cuestionarse si la corrupción tiene un costo humano en este caso en particular.

El 24 de julio de 2013, un tren Alvia sufrió un descarrilamiento que resultó en la muerte de 80 personas y dejó a 144 heridos. Ahora, a doce años de la tragedia, la plataforma de víctimas reclama al Estado que asuma su deber y responda por los hechos. Están decepcionados, ya que sienten que no ha habido una verdadera asunción de responsabilidades políticas.

Este jueves, varios miembros de la plataforma comparecieron ante los medios en la estación de tren de Santiago, marcando el aniversario del siniestro. Jesús Domínguez, presidente de la asociación, enfatizó que la falta de respuesta por parte de las autoridades muestra una alarmante indiferencia institucional. Especialmente criticó la actitud del actual ministro Óscar Puente, quien, según dice, ha eludido a las víctimas al no recibirles.

A pesar de la reciente inauguración de una nueva estación de tren en la ciudad, Domínguez se lamentó de que no se haya dedicado ni una placa ni un monumento en memoria de los fallecidos, lo que a su juicio refleja un deseo de ocultar la responsabilidad que surge de la tragedia. Además, reiteró que es desgarrador que no se reconozcan las pérdidas sufridas.

En su intervención, Domínguez preguntó si la corrupción es culpable de la muerte, señalando que, aunque Pardo de Vera está imputada, las decisiones que llevaron a la tragedia involucran a varios actores en la gestión de la seguridad ferroviaria. Criticó la reducción del presupuesto asignado al sistema de seguridad ERTMS, que podría haber prevenido el desastre, acusando al antiguo gobierno de haber tomado decisiones erróneas por intereses económicos.

A las víctimas les preocupa que, además de los fondos robados, la corrupción pueda tener consecuencias letales. La plataforma denuncia que el recorte de 19 millones de euros en seguridad ferroviaria representa no solo un ahorro financiero, sino también un grave descuido de las vidas humanas en juego.

En su búsqueda de justicia, la plataforma ha llevado su caso hasta el Tribunal de Estrasburgo, donde esperan que se considere la necesidad de una nueva investigación exhaustiva que examine las raíces del accidente, más allá de responsabilizar únicamente al maquinista.

Las autoridades deben afrontar la realidad de que, hasta la fecha, no se ha garantizado un análisis justo y transparente de lo ocurrido. La falta de progreso en este asunto, a juicio de Domínguez, evidencia un sistema que se resiste a rendir cuentas. La próxima sentencia esperada será crucial para avanzar en este camino hacia la justicia.

Junto a las víctimas, la eurodiputada Ana Miranda del BNG ha estado presente, abogando por una investigación que permita esclarecer los hechos y asegurar que situaciones así no se repitan. Este compromiso refleja un esfuerzo conjunto de muchos para contar la historia de las víctimas y buscar respuestas que el Estado aún no ha proporcionado.

La declaración emitida por la plataforma resalta la necesidad urgente de respuestas del Gobierno, tras años de sufrimiento que podrían haberse evitado. Su manifiesto señala que, a pesar de la condena a Adif, no ha habido un reconocimiento oficial profundo de las responsabilidades ni esfuerzos serios por parte de las instituciones para corregir el rumbo.

A medida que se acercan nuevas revisiones judiciales, las víctimas de este calamitoso suceso exigen un cambio significativo. Se cuestiona la investigación anterior, que solamente culpó al maquinista, y que no abordó adecuadamente las deficiencias en la gestión de seguridad por parte de los organismos involucrados.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera si la negación de España de cumplir con las normativas de seguridad ferroviaria ha vulnerado derechos esenciales, un proceso que las víctimas siguen con interés. Tras años de sentir que sus voces han sido ignoradas por diversos gobiernos, hacen un llamado a unificación para que se reconozcan los errores del pasado y, sobre todo, se ofrezcan disculpas públicas a todos aquellos que no cumplieron con su deber de proteger vidas.

Conmemorar a los fallecidos implica no solo recordarlos, sino también luchar por la verdad y la justicia. La plataforma considera fundamental que este episodio sirva como lección, enfatizando la necesidad de realizar investigaciones independientes y dar respuestas adecuadas para que no acontezca una tragedia similar en el futuro.