Solicitan a la Corte de la AN esperar al final del proceso para emitir un veredicto, una vez presentadas todas las pruebas en su contra.
La Audiencia Nacional ha dado comienzo este jueves al juicio contra el clan de 'los charlines', donde los acusados han solicitado la anulación del proceso basándose en las dilaciones indebidas, la cosa juzgada y la prescripción. Además, han pedido que las declaraciones sean realizadas al final del juicio, una vez que se haya presentado toda la prueba en su contra.
Los acusados están siendo juzgados por blanqueo de dinero relacionado con el tráfico de drogas en el seno de una organización criminal. Finalmente, se sentarán en el banquillo nueve miembros del clan, ya que el acusado José Tato Arca ha sido excluido del proceso debido a una enfermedad que le impide ejercer adecuadamente su derecho a la defensa.
La defensa de Josefa Charlín ha pedido el archivo de la causa argumentando que los hechos han prescrito y porque ya fue juzgada y condenada por los mismos delitos. Además, han denunciado la vulneración de la confidencialidad abogado-cliente y han solicitado la suspensión del juicio hasta que se resuelvan las cuestiones previas.
El abogado de María Teresa Charlín y Natalia Somoza se ha sumado a estas peticiones y ha solicitado la nulidad de toda la investigación contra sus clientes. Alega que la investigación fue prospectiva y que no existía una actividad delictiva previa.
La defensa de Noemí Outon Charlín ha argumentado que su cliente solo está en el juicio por ser cotitular de una cuenta de su madre y apoderada de otra cuenta familiar. Según su defensa, estos hechos estarían prescritos.
En cuanto al resto de acusados, el empresario Ramón Rodríguez Paz y los abogados Roberto Adán y Santiago Do Campo, han respaldado las peticiones de las otras defensas y han señalado que están en la causa por grabaciones de conversaciones protegidas por la confidencialidad abogado-cliente.
El fiscal ha solicitado que las cuestiones previas sean resueltas en sentencia y ha negado las alegaciones de las defensas. En cuanto a las conversaciones abogado-cliente, ha afirmado que no se vulneran derechos fundamentales, a menos que se utilicen por parte de la fiscalía. Además, ha negado la cosa juzgada y la prescripción, argumentando que no se trata de las mismas personas y los mismos hechos. Respecto a las dilaciones indebidas, ha señalado que no deben suponer la nulidad del juicio, ya que el legislador ha establecido las atenuantes para este tipo de situaciones.
Finalmente, el fiscal se ha opuesto a que las declaraciones de los acusados se realicen al final del juicio, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que deben ser la primera prueba presentada.