En un caso que ha capturado la atención de la comunidad local, la pareja de un hombre que enfrenta graves acusaciones, incluida la agresión sexual a su propia hija menor de edad, se niega a aceptar los cargos y sugiere que los problemas provienen de una familiar que supuestamente está interfiriendo en sus vidas.

Este jueves, se llevó a cabo el juicio en la Audiencia Provincial de Lugo, donde ambos acusados, el hombre y su pareja, podrían enfrentar un total combinado de 31 años en prisión. Las acusaciones contra él incluyen un delito continuado de agresión sexual, así como malos tratos y maltrato de obra. La mujer, que no es la madre de la víctima, enfrenta cargos de complicidad en estos actos.

Los presuntos crímenes habrían ocurrido en el hogar compartido por la pareja y sus hijos desde 2015 hasta 2023, en una localidad de A Mariña lucense. La víctima ha declarado que su padre comenzó a realizarle tocamientos cuando ella era menor de 13 años, y que a partir de esa edad, las agresiones sexuales se habrían vuelto más frecuentes e invasivas, incluso siendo sorprendidos en actos sexuales por la mujer, quien amenazó al hombre para que cesara su comportamiento.

La acusación también sostiene que el padre ejerció violencia física no solo sobre la niña, sino sobre los demás hijos en el hogar, provocando lesiones que requirieron atención médica. La mujer ha sido acusada de ser testigo de estos incidentes y, según se afirma, insufló miedo en la menor, lo que explicó la falta de una denuncia temprana.

El acusado, actualmente en prisión preventiva, se presentó a la audiencia sin declarar, mientras que la mujer defendió su inocencia y afirmó que la relación entre padre e hija era "normal". Insistió en que nunca fue testigo de situaciones inapropiadas o de maltrato, afirmando que mantuvo una buena comunicación con la niña durante esos años.

La mujer argumentó que la dinámica del hogar impedía que el padre y la niña estuvieran solos, debido a su trabajo, el cual lo mantenía alejado entre semana. Además, trató de desviar la responsabilidad de las acusaciones hacia una familiar que se ocupó de la menor tras la denuncia, acusándola de actuar por venganza relacionada con un conflicto financiero previo.

El Ministerio Público ha solicitado una pena total de 15 años para el hombre, quien no podrá acercarse a la víctima ni comunicarse con ella, además de exigir libertad vigilada durante una década y una inhabilitación para trabajos con menores. Por su parte, la mujer enfrenta una condena de hasta 10 años de prisión y restricciones similares respecto a su proximidad a la víctima.

Ambos acusados, si son hallados culpables, tendrán que enfrentarse a indemnizaciones por un total de 50,000 euros a la víctima y más de 360 euros al Sergas por los gastos médicos derivados de la atención a la niña.