En la ciudad de Vigo, el próximo 21 de enero, se llevará a cabo un juico en la Audiencia Provincial de Pontevedra donde se juzgará a un hombre que enfrenta serias acusaciones. Este individuo está acusado de haber creado una nueva empresa y, de manera ilegítima, transferir capital desde otra compañía que gestionaba, una empresa en la que también participaban otros socios.

La Fiscalía ha solicitado una condena de hasta dos años de prisión junto a una multa de 1.800 euros, alegando que el acusado incurrió en un delito de administración desleal. De manera adicional, en su demanda de responsabilidad civil, se exige la restitución de aproximadamente 6.000 euros, suma que el demandado trasladó sin contar con el consentimiento de los otros socios involucrados.

Los hechos que han llevado a esta situación ocurrieron en abril de 2022, cuando el acusado decidió fundar una nueva empresa dedicada a la reparación y conservación de maquinaria. El nombre elegido para esta nueva firma era “bastante parecido” al de otra compañía que él administraba en solitario, tras el fallecimiento de su socio. Sin embargo, cabe destacar que los hijos menores de edad del socio fallecido habían heredado la participación de su padre en el negocio.

No solo el nombre era motivo de controversia; además, la nueva empresa compartía el mismo domicilio social que la anterior. Esto generaba confusión tanto para los clientes que ya eran parte de la cartera de la primera empresa, como para aquellos potenciales clientes, ya que ambas compañías ofrecían servicios idénticos y operaban en la misma ubicación física.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, el acusado, consciente de esta situación y actuando como el único administrador de la empresa original, transfirió entre el 30 de mayo y el 29 de septiembre de 2022 un total de 5.975,64 euros desde las cuentas de la primera empresa a la nueva entidad que había creado.

El Ministerio Público alega que el objetivo detrás de estas acciones era obtener fondos necesarios para operar su nuevo negocio. Además, se beneficiaba aprovechando que los servicios inicialmente contratados por los clientes de la primera empresa fueran llevados a cabo por la nueva compañía que él mismo había establecido.

Se sostiene que el acusado formó la nueva empresa con la intención de competir directamente en el mercado, no solo en el mismo sector de negocios, sino también tratando de atraer a la misma clientela que la primera, a sabiendas de que esto perjudicaba significativamente el interés de los socios minoritarios, quienes son los herederos del socio fallecido.

Por estas razones, la Fiscalía busca que se le imponga al acusado una pena de dos años de prisión, además de una multa de 1.800 euros, por sus acciones ilegales y desleales en el ejercicio de su actividad mercantil.