La Asociación Empresarial de Mercadorías por Estrada de Galicia (Apetamcor) ha decidido plantear una reclamación para anular administrativamente dos reales decretos que extienden la concesión de la AP-9 a la empresa Audasa. Estos decretos fueron emitidos en 1994 y 2000, durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, respectivamente.

Según anunciaron los representantes de Apetamcor en una conferencia de prensa en Santiago de Compostela, este trámite es una etapa previa necesaria antes de llevar el caso al Tribunal Supremo. La Federación Galega de Transportes de Mercancías (Fegatramer) también había manifestado previamente su intención de acudir a dicha instancia, pero Apetamcor considera que optar primero por el procedimiento administrativo puede ofrecer una mayor protección legal.

En la rueda de prensa, participaron la secretaria general de Apetamcor, Myriam Otero, la gerente Natalia Blanco, y el abogado Xoan Antón Pérez Lema, encargado de guiar este proceso. El recurso busca que el Gobierno central declare la nulidad de ambos decretos ante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el ultimátum que Bruselas impuso a España acerca de la prórroga hasta 2048, aprobada en el año 2000.

Pérez Lema argumentó que las prórrogas que beneficiaron a Audasa, a cambio de ciertas mejoras en la infraestructura, en realidad modificaron de manera sustancial el régimen de concesión original. Además, señaló que este procedimiento se realizó sin una competencia abierta, excluyendo a otras empresas de la posibilidad de licitar.

El abogado detalló que, aunque prohibiciones similares se introdujeron en directivas recientes, el TJUE sostiene que dichas normas están fundamentadas en tratados anteriores, los cuales fueron ratificados por España cuando ingresó a la Comunidad Económica Europea en 1986. Esto implica que la falta de competencia en las concesiones podría ser motivo suficiente para declarar nulas ambas prórrogas.

Pérez Lema añadió que, en caso de que se realicen nuevas concesiones, la acción debe ser competitiva, ya que de lo contrario el TJUE retrocedería sobre estos acuerdos, tal como ya ocurrió en un caso análogo en Italia.

El abogado sostiene que el Estado tiene el deber de corregir actos administrativos que son nulos, lo que implicaría un proceso que pasaría por el Consejo de Estado. Este proceso podría culminar con la rescisión de la concesión, la cual conllevaría una indemnización a Audasa, aunque esta no incluiría el lucro cesante.

La diferencia fundamental con respecto a un posible 'rescate' de la AP-9 es que esto último implicaría compensaciones más elevadas, incluyendo el lucro cesante, lo que según informes de la Xunta podría superar los 2.300 millones de euros; cifras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha estimado en más de 4.000 millones.

Apetamcor argumenta que hablar de un rescate implicaría aceptar las prórrogas como válidas, por lo que aboga por la nulidad de las mismas a través de la vía administrativa primero. Si no se admite o se desestima esta reclamación, la asociación está decidida a llevar el caso al Supremo.

La gerente de Apetamcor destacó que esta acción no es simplemente un gesto simbólico, sino una estrategia legal bien fundamentada en la normativa vigente y en la jurisprudencia europea. Asimismo, recomienda a los transportistas que conserven los recibos de peajes de la AP-9, ya que podrían ser cruciales tanto para este recurso como para posibles reclamaciones futuras desde el 2013, si se anulan ambas prórrogas, o desde el 2023 si solo se anula la de Aznar. Según sus cálculos, cada camión incurre en gastos de peaje de aproximadamente 50 euros diarios.

Pérez Lema también considera que los usuarios particulares podrían tener derecho a reclamar la devolución de los importes pagados en peajes en función del resultado de este proceso.