Tres vecinos de Vigo investigados por haciéndose pasar por policías en Portugal para obtener joyas.
La Guardia Civil está investigando a tres vecinos de Vigo, con edades comprendidas entre los 35 y los 80 años, por hacerse pasar por policías para conseguir joyas en un establecimiento en Portugal por valor de 4.000 euros. En el grupo de sospechosos se encuentra un nacional venezolano.
El operativo, que ha sido nombrado como "Polilusos", fue llevado a cabo por el grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Las investigaciones comenzaron a principios de marzo.
La investigación comenzó tras un informe policial recibido por la Guardia Civil del Núcleo de Investigación Criminal de la Guardia Nacional Republicana de Valença do Minho en Portugal. El informe señalaba que tres personas se habían presentado en un establecimiento de compraventa de oro y joyas en Valença, y que dos de ellas se identificaron como policías, exhibiendo dos carteras con sendas placas aparentemente oficiales. Solicitaron a una empleada que les entregara unas joyas que, según ellos, habían sido vendidas allí días atrás. Cuando la empleada del establecimiento decidió llamar a la Policía de Segurança Pública, los tres varones abandonaron el lugar dando información ambigua.
La Guardia Civil fue capaz de identificar a los sospechosos, tres vecinos de Vigo. Uno de 38 años con antecedentes penales y nacionalidad venezolana, y los otros dos, de 45 y 80 años de edad. Fueron citados a principios de junio en dependencias de la Guardia Civil en Vigo, y se les comunicó que están investigados por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y tentativa de estafa. Las diligencias fueron entregadas en el juzgado de Vigo.
La dificultad de esta investigación ha sido que los supuestos delitos se produjeron en el extranjero, aunque se pudo considerar a la justicia española competente en aplicación de la Ley Orgánica del poder judicial, que determina que la jurisdicción española conocerá de los hechos cometidos por españoles fuera del territorio nacional cuando sean delitos de falsificación de los sellos públicos u oficiales, o cualquier falsificación que perjudique directamente al crédito o a los intereses del Estado.