• miércoles 07 de diciembre del 2022
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Un total de 20 enormes incendios en 18 municipios gallegos, declarados región aciaga

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Arbo (Pontevedra) y Oímbra (Ourense) aparecen por partida doble en la lista aprobada este martes en el Consejo de Ministros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ago.

Un total 20 enormes incendios forestales registrados en 18 municipios gallegos fueron declarados por el Gobierno como región dificultosamente perjudicada por una urgencia de protección civil, famosa como región desastrosa.

La lista, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, recopila un total de 20 enormes incendios acontencidos en la Comunidad gallega entre el 15 de julio y el diez de agosto.

La provincia con mayor número de zonas declaradas es Ourense con un total de nueve enormes incendios, seguida de Pontevedra con cinco y Lugo y A Coruña, las dos con tres.

Los ayuntamientos de Arbo (Pontevedra) y Oímbra (Ourense) son los únicos que aparecen por partida doble en el catálogo que recibió luz verde por el Ejecutivo central este martes. El municipio ourense vivió 2 de los enormes incendios del verano, iniciados exactamente el mismo día (16 de julio) en las parroquias de Rabal y Videferre; al tiempo que el pontevedrés tuvo otros 2 separados por 4 días de diferencia.

Así las cosas, los enormes incendios de la provincia de A Coruña son los iniciados en Boiro el 4 de agosto, en Ames un día después y en As Pontes el día 9 del mismo mes. Los de Lugo se generaron el 15 y el 17 de julio, con origen en Folgoso do Courel, A Pobra do Brollón y Palas de Rei.

En la provincia de Ourense, 4 de los enormes incendios fueron en el mes de julio --Carballeda de Valdeorras (día 14), Oímbra-Rabal (16), Oímbra-Vidaferre (16), Castrelo de Miño (27)-- y los cinco sobrantes, en el mes de agosto --Verín (3), Chandrexa de Queixa (9), O Irixo (diez), Laza-Chandrexa de Queixa (diez) y Boborás (diez)--.

Por último, los fuegos de Arbo (30 de julio), A Cañiza (31 de julio), Arbo-Barcela (3 de agosto), Caldas de Reis (4 de agosto), Ponte Caldelas (5 de agosto) corresponden a las ubicaciones desastrosas declaradas en Pontevedra.

El Gobierno aclara que el catálogo identifica cada incendio con el nombre del ayuntamiento en el que se originió, si bien las ayudas "se alargan del mismo modo al resto de municipios damnificados".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de región dificultosamente perjudicada por una urgencia de protección civil, famosa como región desastrosa, a los territorios damnificados por enormes incendios en 15 comunidades autónomas, todas y cada una salvo Cantabria y Asturias.

Así lo anunció la representante del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha lamentado los incendios forestales producidos en estas comunidades, unos 120, que han causado la desaparición de hasta tres personas y la evacuación de 27.500 personas de sus hogares.

En todos y cada uno de los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas perjudicadas se vieron obligadas a encender susrespectivos proyectos de protección en una situación operativa de escenarios 1 o 2, así como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).

"Son incendios con especificaciones distintas a las conocidas hasta la actualidad, debido al cambio climático, como las elevadas temperaturas que vivimos", ha señalado sobre esto Rodríguez, quien ha advertido de que en lo que va de año se vieron perjudicadas mucho más de 200.000 hectáreas en frente de las 50.000 del año pasado.

De este modo, ha instado a "poner todos y cada uno de los mecanismos para trabajar en la prevención y extinción de incendios". "Es instante de echar una mano a las CCAA, ayudar en esa que es su rivalidad y complementar esas ayudas a fin de que los damnificados logren sobrepasar estos instantes", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que el acuerdo se utiliza para hacer más ágil la concesión de las ayudas, ya que con la declaración de región aciaga estas se tienen la posibilidad de comenzar a gestionar aun antes de realizar la opinión de daños. Asimismo, Rodríguez ha recordado que los damnificados "tienen otros mecanismos de los que podrán recibir asistencia sin acogerse a este decreto, como tienen la posibilidad de ser la administración de los seguros agrarios".

En preciso, las medidas de restauración previstas en el acuerdo aprobado este martes, y cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, son las ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y persistente, por un valor de 18.000 euros; por destrucción total de la vivienda frecuente hasta una cuantía máxima de 15.120 euros, por daños que afecten a la composición de la vivienda frecuente, hasta el 50 por ciento de su opinión técnica y con un límite de diez.320 euros, o por daños que no afecten a la composición de la vivienda frecuente, hasta el 50 por ciento de su opinión técnica y con un límite de 5.160 euros.

También se tienen dentro entre estas las ayudas por destrucción o daños en los bartulos familiares de primera necesidad de la vivienda frecuente, para su reposición o reparación, con un límite de 2.580 euros, tal como por daños en elementos recurrentes de empleo general de una red social de dueños en régimen de propiedad horizontal, hasta el 50 por ciento de la opinión técnica realizada por el Consorcio de Compensación de Seguros y con un límite de 9.224 euros. También, las ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado posibilidades personales y de recursos, y a los sucesos de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, hasta 9.224 euros.

El acuerdo asimismo prevé la oportunidad de que se apruebe unaexención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central deTráfico para repetidos de privilegios de circulación o conducción, asícomo bajas de automóviles siniestrados.

Además, el acuerdo prevé la adopción de otras medidas de asistencia, condicionadas a eso que confirmen las órdenes ministeriales dictadas por todos los distintos departamentos eficientes para desarrollarlas. Así, los diferentes ministerios van a poder declarar ciertas zonas de actuación particular, tal como la urgencia de las proyectos primordiales para arreglar los daños ocasionados por alguno de estos siniestros en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en su ámbito de competencias.

Se prevé asimismo la concesión de ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina. En cuanto a provecho fiscales, el Ministerio de Hacienda y Función Públicaconcretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como es frecuente van a estar exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Asimismo, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones van a poder desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

Además, las entidades locales van a recibir ayudas, por un precio de hasta el 50 por ciento, a los proyectos que ejecuten para arreglar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales, según ha detallado el Ministerio del Interior en un aviso.

También, ha precisado que cuando se elabore un informe detallado sobre los daños ocasionados por estos incendios forestales y se disponga de una opinión técnica de su cuantía, el Gobierno, en colaboración con las gestiones autonómicas y locales, va a poder llenar este real decreto con la adopción de otras medidas complementarias a las adoptadas por las gestiones territoriales a las que corresponde la rivalidad en temas de protección civil.

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