VIGO, 13 de febrero. El mandatario uruguayo, Yamandú Orsi, ha tomado la decisión de anular el contrato para la construcción de dos patrulleras, el cual había sido establecido con el astillero gallego Cardama, debido a serias infracciones contractuales.

En una rueda de prensa celebrada el pasado viernes, Orsi expuso que el Gobierno uruguayo emprenderá acciones legales contra la firma española por los daños ocasionados, destacando que la situación es sumamente grave.

El presidente relató cómo se llegó a esta situación, mencionando que fue al momento de renovar la garantía de cumplimiento donde se evidenció la existencia de "incumplimientos". "Descubrimos que esa garantía era inexistente o, peor aún, tratándose de un documento fraudulento", apuntó el líder uruguayo.

Una investigación subsiguiente reveló problemas también con otra garantía relacionada con el reembolso. Para el presidente, estas garantías son fundamentales para la validez del contrato, y su invalidez ha llevado a estos acontecimientos.

Orsi comentó: "Después de seguir este proceso y de ofrecer a la empresa la oportunidad de solucionar la situación, hemos decidido tomar cuatro medidas: la rescisión del contrato por violaciones graves y la iniciación de acciones por daños y perjuicios".

Además, el Gobierno uruguayo buscará recuperar los activos del Estado y esclarecer las responsabilidades tanto institucionales como personales. Asimismo, se plantea la adquisición de las patrulleras oceánicas necesarias para reforzar su flota.

Es relevante recordar que este acuerdo implicaba la construcción de dos patrulleras de vigilancia oceánica tipo OPV, con un valor aproximado de 82 millones de euros. La decisión de cancelar el contrato se estimuló por la detección de "fuertes indicios de fraude o estafa al Estado" en el mes de octubre.

En la reciente semana, el Gobierno uruguayo debía decidir si continuarla o proceder con un nuevo pago a Cardama para la continuación de la construcción. Finalmente, se optó por la rescisión del contrato.

Por su parte, representantes de Cardama expresaron su descontento con la situación, argumentando que el proceso ha sido manejado de manera inadecuada y que están evaluando sus opciones futuras. "Siempre hemos actuado con criterios empresariales, y eso no cambiará. Estamos dispuestos a discutir todos estos aspectos y determinar quién tiene la razón en esta disputa", afirmaron desde la compañía.