SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 de octubre.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha informado que de las 4.000 viviendas públicas prometidas para 2028, ya se han iniciado 2.985. De estas, un millar se encuentran en fase de construcción, con la expectativa de que en 2026 se entreguen los primeros hogares generados durante esta legislatura.

Los avances en el desarrollo de estas casi 3.000 viviendas se concentrarán en diversas localidades, incluyendo Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense, A Coruña, Santiago, Ferrol, Mos y Vilagarcía, según ha señalado Allegue en su reciente comparecencia ante el Parlamento gallego.

Durante su presentación, que se realizó para detallar las iniciativas de su departamento hacia 2026, la conselleira elevó las estimaciones iniciales y anunció un presupuesto de 560 millones de euros para este sector, un incremento respecto a la cifra presentada anteriormente por el conselleiro de Facenda, que era de 518,3 millones.

La conselleira ha destacado que los objetivos de su departamento incluyen ofrecer "más y mejores oportunidades de vivienda", desarrollar infraestructuras "innovadoras" y garantizar que la ordenación del territorio sea "coherente" con las necesidades de la comunidad.

En cuanto a partidas económicas, las políticas de vivienda recibirán 350 millones de euros, de los cuales 163 millones están destinados a la edificación de nuevas viviendas. Por su parte, la sociedad pública Vipugal gestionará 77,8 millones para 1.777 hogares en construcción, y el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) contará con 269,6 millones, de los cuales solo un 17% proviene de fondos estatales específicos. Además, el programa Fogar Vivo, que moviliza inmuebles vacíos, triplicará su presupuesto a 2,6 millones de euros en 2026, tras recibir más de 300 solicitudes en 2025.

Entre las nuevas iniciativas para el próximo año, se contempla la compra de locales comerciales para convertirlos en viviendas de alquiler social, garantizando condiciones "dignas" para los inquilinos. Este programa contará con más de 2 millones de euros en 2026, en el marco de una inversión global de 5 millones.

Las medidas también incluyen el derecho de tanteo del IGVS para adquirir viviendas protegidas en venta y un aumento del 20% en la capacidad construida en suelo urbano, siempre que al menos el 60% sea destinado a viviendas protegidas. Allegue justifica esta medida señalando que "no se trata solo de construir por parte de la Xunta", además de una reforma normativa que facilitará la construcción de viviendas protegidas en terrenos dotacionales en desuso.

La estrategia de suelo residencial dispone de 18 millones de euros y ha avanzado proyectos de interés autonómico (PIAS) en localidades como Vigo, A Coruña, Santiago, Lugo, Pontevedra, Arteijo y Vilagarcía de Arousa, con un inicio de tramitación en Marín.

A partir del 1 de enero, los municipios tendrán la posibilidad de promover proyectos de interés autonómico (PIAS) que destinen al menos el 80% de su suelo a viviendas protegidas.

El Fondo de Cooperación, destinado a asistir a los ayuntamientos en la construcción de viviendas protegidas y urbanización de terrenos, contará con 10 millones de euros.

Por otra parte, el Programa Rexurbe recibirá 12 millones de euros para intervenciones en cascos históricos de localidades como Betanzos, A Coruña, Ferrol, Mondoñedo, Ribadeo, Ourense, Ribadavia y Tui. Las rehabilitaciones en Vigo, mediante el Consorcio Vello, también continuarán, incrementando su presupuesto a 2,7 millones.

Las ayudas destinadas a la compra de viviendas por jóvenes en cascos históricos, así como las destinadas a acceder a viviendas protegidas, suman 4,8 millones de euros. Por otro lado, las ayudas al alquiler aumentan a 18,9 millones, un incremento notable en comparación con los 13,2 millones de 2025.

En el ámbito de infraestructuras, la Xunta destina 263 millones para 2026, destacando la creación de un nuevo eje para la movilidad en Salnés, la segunda fase de la autopista Santiago-A Estrada y varios tramos de carreteras importantes.

Los proyectos de conservación de vías recibirán 71,6 millones, un aumento de 3 millones, y se prevén 57 millones específicos para ampliar la red de vías de altas prestaciones.

Allegue subraya que el próximo año la Xunta no pagará "cero euros" tras la rescisión de cuatro concesiones de peaje en sombra, y ha asignado 6,5 millones para bonificaciones en las autopistas autonómicas AG-55 (A Coruña-Carballo) y AG-57 (Vigo-Baiona).

Por su parte, la diputada Alexandra Fernández del BNG ha advertido de posibles "ataques" a la vivienda pública en el nuevo programa de la Xunta, lo que ella califica de un "modelo opaco" que permitiría a los promotores decidir sobre inquilinos, lo que podría llevar a la exclusión de ciertos perfiles sociales.

Fernández también ha denunciado que la Xunta ha dejado de lado la promesa de Alfonso Rueda de crear 1.800 nuevas vivienda públicas para 2026, planteando ahora una meta de 4.000 para 2028, lo que considera una manipulación de datos.

El socialista Aitor Bouza ha criticado la falta de acción del PP en materia de vivienda, señalando que entre 2015 y 2019 se construyeron solo 20 viviendas públicas. Además, ha denunciado que en 2024 el 70% de los fondos para el acceso a vivienda quedaron sin ejecutar, mientras que apenas se ha ejecutado el 5% hasta mediados de 2025.

Bouza también ha instado a la Xunta a apoyar a los municipios en la elaboración de informes sobre zonas tensionadas, en lugar de imponer "trabas", y ha protestado por la falta de fondos suficientes para atender las demandas de las ayudas al alquiler.

En contraste, el diputado del PP, Roberto Rodríguez, ha defendido la planificación y ejecución responsable de su departamento, tratando de limpiar la imagen de los promotores inmobiliarios, a los que considera aliados en el desarrollo del sector.

Rodríguez también ha criticado a Fernández, señalando que "perdió una oportunidad valiosa para disculparse" por un incidente en redes sociales relacionado con el candidato del Bloque a las elecciones europeas, Rogelio Santos.