La Confederación Hidrográfica ha emitido un informe categórico en el que califica como "inadmisible" el vertido propuesto por un proyecto de planta de valorización de residuos en la parroquia de Coeses, a escasa distancia de Lugo. A pesar de esta negativa, la empresa promotora cuenta con un mes para presentar un recurso que impugne esta decisión.

El desarrollo de esta planta, que tiene como objetivo transformar residuos orgánicos en biometano, se ha visto truncado tras la determinación de la Dirección Xeral de Calidad e Ambiental e Sostibilidade de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, la cual ha denegado la autorización ambiental necesaria para su construcción.

Este organismo ha señalado que el dictamen "preceptivo y vinculante" de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil es fundamental para la validación de la autorización. En este reporte, se establece que el vertido no puede ser aceptado, lo que impide avanzar con el proyecto.

Las autoridades de la Xunta han indicado que, anteriormente, la Confederación había advertido sobre la insuficiencia de la información presentada por el promotor en los informes de mayo y septiembre del año pasado. Dichos documentos ya mencionaban varias deficiencias que sería necesario corregir, en función del caudal previsto y el sistema de depuración propuesto.

Asimismo, otro informe elaborado por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural el julio pasado expresó que la viabilidad del proyecto dependía de un nuevo dictamen de la Confederación, que debía garantizar que el vertido al arroyo Vilalvita se alineara con los límites establecidos en el plan hidrológico vigente.

Ante la falta de un nuevo informe favorable y dado que el promotor no ofreció nuevas pruebas durante el proceso de alegaciones, la Xunta confirmó la resolución de denegación de la autorización ambiental integrada.

Esta decisión ha suscitado una celebración en la comunidad vecinal, particularmente entre los miembros del colectivo 'Lugo non quere cheiros', quienes habían estado manifestándose contra el proyecto durante varios meses.

Las protestas también han encontrado eco entre los partidos políticos, como el BNG y el PSOE, que llevaron la cuestión al Pleno y al Parlamento de Galicia, pidiendo que se anulara el respaldo de la Xunta al proyecto.

Julio Rodríguez, presidente de la agrupación vecinal, expresó que aunque los residentes están satisfechos con la resolución, permanecen alerta. "Hemos dado un paso importante, pero seguimos sin confiar del todo, ya que la empresa puede presentar alegaciones y han estado invirtiendo en el alquiler de las tierras durante tres años", aseveró.

Por otro lado, la alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, destacó el impacto del movimiento vecinal y la fuerza de la movilización social. Señaló que es preocupante que la Xunta hubiera considerado prioritaria una iniciativa que ahora se demuestra insostenible, hecho que evidencia la necesidad de una evaluación más rigurosa de este tipo de proyectos, donde los intereses de la comunidad deben prevalecer sobre otros factores.