SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene.
El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este viernes la constitución de la Comisión bilateral de cooperación entre el Estado y la Xunta para solucionar las disconformidades que generó la ley 3/2022 de 18 de octubre, de áreas empresariales de Galicia.
Se da la situación de que esta normativa aprobada meses atrás en la Cámara gallega abrió una crisis en el PSdeG de Valentín González Formoso, puesto que el diputado solicitado de defenderla en la tribuna, y que a lo largo de la tramitación parlamentaria acreditó la abstención, censuró la regla al paso que anunciaba el voto conveniente de su conjunto parlamentario en armonía con la resolución final de la dirección.
Esto supuso que la ejecutiva del partido empezase un expediente disciplinario contra el diputado, Martín Seco, similar al previo secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, más allá de que pasaron prácticamente 4 meses sin que se haya resuelto por la parte de Ferraz.
Al margen de esta situación, Xunta y Estado van a negociar sobre las disconformidades manifestadas con relación a los productos 14, 28, 38, 44, 58, 84 y las disposiciones auxiliares segunda y quinta de la ley, acuerdo que comunica al Tribunal Constitucional --en razón de lo que se paraliza en esta vía la tramitación del enfrentamiento abierto por el Estado--.
Concretamente, el producto 14 versa sobre el comienzo de la petición y las comprobaciones de la autoridad ambiental. El producto 28 trata las ediciones no substanciales y el régimen por la parte de las autoridades ambientales gallegas sobre esto; al tiempo que el producto 38 aborda el trámite de aprobación de los proyectos estructurales de ordenación del suelo empresarial sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada.
El Gobierno asimismo expone disconformidades en el producto 44, sobre las cesiones urbanísticas; al paso que el producto 58 tiene que ver con el trámite de aprobación de los proyectos de avance y urbanización de rivalidad del Instituto Galego da Vivenda y también Solo (IGVS) sometidos a evaluación de encontronazo ambiental ordinaria.
En el producto 84, el Gobierno central mostró sus disconformidades sobre los presuntos de constitución obligatoria de entidades de conservación, administración y modernización.
En cuanto a las disposiciones auxiliares, la segunda trata las exenciones de los títulos habilitantes urbanísticos de rivalidad municipal (los proyectos que no precisan licencia urbanística).
La predisposición agregada quinta recopila la "compatibilidad" de usos en las áreas empresariales con la próxima redacción: los usos productivos del campo secundario o terciario se considerarán en cualquier caso compatibles con los usos dotacionales, si bien esta compatibilidad no estuviese de manera expresa sosprechada en los instrumentos de ordenación territorial y urbanística ajustables.
Según figura en la página web de la Vicepresidencia Segunda de la Xunta, en el año 2022, la Comisión Bilateral resolvió tres enfrentamientos sobre esto de otras tantas cuestiones: la Ley gallega de restauración de la tierra agraria, una trasposición europea y la Ley gallega de medidas fiscales y administrativas de los capitales de 2022 (ley de diciembre del 21), la última ley presupuestaria de Alberto Núñez Feijóo adelante del Gobierno gallego.
En lo que va de legislatura, asimismo se solventaron por esta vía las disconformidades del Gobierno sobre la Ley de pesca continental; la reforma de la Ley de salud de Galicia --la ley de la pandemia que fue polémica por la obligación de vacunación--; la Ley de simplificación administrativa y acompañamiento a la reactivación económica; y la Ley de restos y suelos contaminados.
Por su parte, la Xunta recurrió frente al Tribunal Constitucional la Ley de cambio climático, el que fue desechado. Además, falta por solucionar el recurso interpuesto por el Gobierno gallego contra una trasposición de la directiva europea, en concreto, a su producto tercero --impuesto de sociedades, sobre la renta de no habitantes y sobre el patrimonio--.
