Causa contra el alcalde de Ourense por compra de material audiovisual archivada por falta de pruebas
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense ha decidido archivar provisional y definitivamente la causa que investigaba al alcalde Gonzalo Pérez Jácome, tras la denuncia presentada por un exconcejal de Democracia Ourensana. La denuncia señalaba la adquisición con fondos municipales de material técnico valorado en 8.698 euros, supuestamente destinado a la televisión privada Auria TV, propiedad del propio regidor.
El magistrado Leonardo Álvarez concluyó que no existía prueba suficiente para demostrar que dichas compras y las grabaciones realizadas con ese material violaran el ordenamiento jurídico penal. Además, precisó que la compra de equipo para grabar actividades municipales o contratar a un asesor para esas funciones no constituyen delito en sí mismo. La decisión deja en manos del pleno municipal debatir si se otorga un trato preferencial a Auria TV, en línea con las competencias del Ayuntamiento.
El caso también cuestionaba la contratación de un asesor municipal, presuntamente vinculado a Auria TV, en un contexto en que no se acreditó ninguna relación laboral con la televisión del alcalde. El juez destacó que la actividad del profesional en cuestión desde 2019 no ha sido contraria a la normativa, y que sus tareas se circunscriben a funciones municipales, sin pruebas de una relación exclusiva con Auria TV.
El auto judicial enfatiza que las grabaciones realizadas con el material no se demostraron que tuvieran una finalidad exclusiva para la emisión en Auria TV. Además, el interés público en las grabaciones relacionadas con actividades municipales y la importancia de las redes sociales en la actualidad justifican, en opinión del tribunal, la adquisición del equipo.
El contexto político en Ourense refleja una tensión constante entre las diferentes formaciones y una mayor vigilancia sobre la gestión del alcalde, especialmente en cuestiones relacionadas con la transparencia y el uso de fondos públicos. La querella fue promovida en un momento en que las relaciones entre el gobierno local y la oposición estaban marcadas por debates sobre la independencia y la ética en la administración pública.
Este fallo se inscribe en un contexto de mayor escrutinio a las prácticas del regidor, en medio de una situación política local donde las decisiones sobre medios de comunicación municipales y el uso de recursos públicos continúan siendo objeto de controversia. La resolución reafirma la importancia de la separación entre funciones públicas y actividades privadas, en un escenario donde la transparencia sigue siendo un tema prioritario para la ciudadanía y la oposición local.