Cobre San Rafael destina 45 millones a plan social en Touro y O Pino

La empresa Cobre San Rafael, responsable de la mina de Touro-O Pino, ha comprometido un mínimo de 45 millones de euros para un plan social vinculado a su futura fase de construcción y explotación, aún pendiente de autorización por parte de la Xunta de Galicia. La iniciativa incluye un proceso participativo para determinar el destino de los fondos, que se iniciará de inmediato.

Este plan, denominado 'Plan Terras', busca integrar principios de transparencia, ética y responsabilidad social y ambiental. Aunque la ley gallega de 2024 regula estos planes, la empresa no está legalmente obligada a adherirse, ya que inició sus trámites antes de la normativa, lo que lo hace una acción voluntaria.

Las autoridades regionales, como la conselleira de Economía e Industria, han valorado positivamente el compromiso, aunque recuerdan que la Xunta consideró que la participación en el plan debía ser voluntaria, alineándose con la regulación. Además, la empresa ha prometido aportar al menos un 5% de los beneficios futuros de la mina, una cifra que podría duplicarse si el precio del cobre se mantiene estable.

El plan social se estructurará en cuatro ejes principales, con especial énfasis en mejorar las condiciones de vida en las localidades de Touro y O Pino. Se priorizarán iniciativas relacionadas con la formación, el empleo, la conservación del entorno natural y el apoyo a actividades culturales y sociales, con proyecciones de extensión a la comarca de Arzúa y zonas cercanas.

Para gestionar estos compromisos, Cobre San Rafael creará la Fundación Atalaya Galicia y abrirá una oficina técnica en Touro en octubre. Además, se realizará un proceso de participación ciudadana que incluirá encuestas, reuniones y consultas abiertas. Los fondos no utilizados durante la fase minera se destinarán a un fondo de legado para el desarrollo del territorio.

Desde el punto de vista político, este acuerdo pretende reforzar la legitimidad del proyecto minero en medio de la oposición social y las dudas sobre su impacto ambiental y social. La Xunta ha manifestado su respaldo, aunque la tramitación del proyecto continúa en fase de evaluación, con la declaración de impacto ambiental muy avanzada. La perspectiva futura dependerá de la autorización definitiva y del éxito en la implementación del plan social.