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Sucesos 8 de Mayo de 2026 · 11:34h 2 min de lectura

Detenido en A Coruña un ciberdelincuente que estafó 440.000 euros a pymes en varias comunidades

La Guardia Civil y la Ertzaintza arrestaron en A Coruña a un varón nigeriano de 50 años, presunto cabecilla de una banda que defraudó más de 440.000 euros a pequeñas y medianas empresas en varias regiones españolas, incluyendo Euskadi, Aragón y Valencia. La operación, llamada Zigula-Nigal, continúa abierta y podría haber más detenciones.

El detenido formaba parte de un grupo organizado con estructura en distintas provincias, que utilizaba sofisticadas técnicas de ciberdelincuencia. Entre sus métodos figuraba el empleo de identidades falsas y documentos sustraídos, algunos de personas fallecidas, para abrir cuentas bancarias y contratar líneas telefónicas. Esto les permitía ocultar su actividad delictiva durante años.

Según las investigaciones, el grupo empleaba técnicas avanzadas como la modalidad "man in the middle" para interceptar comunicaciones empresariales. Mediante correos electrónicos legítimos y manipulados, alteraban datos bancarios en transferencias, desviando fondos a cuentas controladas por la organización. La vulnerabilidad de las pymes, por su estructura y menor protección en seguridad, facilitó sus fraudes.

El arrestado fue detenido en su domicilio en A Coruña, donde se incautaron dispositivos informáticos, teléfonos, tarjetas SIM, documentación y una microcámara espía. La investigación revela que el grupo operaba en células distribuidas por varias provincias, lo que complicaba su persecución y permitía dispersar rápidamente los fondos ilícitos.

La operación ha esclarecido 22 delitos y logrado recuperar cerca de 160.000 euros mediante el bloqueo de cuentas bancarias. La investigación, coordinada por el CITCO y bajo la tutela del juzgado de Azpeitia, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en el futuro cercano.

Este caso refleja la creciente complejidad y sofisticación de la ciberdelincuencia en el ámbito empresarial. La tendencia apunta a una mayor vigilancia y fortalecimiento de los protocolos de seguridad en las pymes, ante la amenaza de organizaciones criminales que operan en múltiples frentes y regiones, evidenciando la necesidad de una respuesta coordinada y especializada.

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