El BNG reclama protección permanente para viviendas protegidas y compra pública en Galicia
El BNG exige protección permanente para viviendas protegidas y la compra pública para evitar su venta en Galicia, en un contexto de crisis habitacional.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha propuesto que todas las viviendas protegidas en Galicia tengan protección permanente. Además, insta a la Xunta a adquirir las viviendas en venta para evitar su desaparición como residencias protegidas.
El partido denuncia que en los últimos años se vendieron unas 7.000 viviendas protegidas sin que la Administración autonómica ejerciera el derecho de tanteo y retracto. La propuesta busca frenar la pérdida de protección de alrededor de 35.000 viviendas en los próximos años y movilizar 4.000 viviendas en cinco años mediante una compra pública.
Desde el BNG consideran que la actual política del Gobierno gallego favorece la especulación y abandona a quienes necesitan vivienda asequible. La líder nacionalista señala que en Galicia hay unas 90.000 viviendas desocupadas solo en las ciudades, una cifra que podría facilitar el acceso a vivienda sin necesidad de nuevas construcciones.
El contexto político revela una disputa entre el BNG y el Ejecutivo del PP, que gobierna Galicia desde 2009. La formación nacionalista critica la gestión del actual Ejecutivo, que, según ellos, ha reducido los esfuerzos en vivienda pública y ha favorecido la privatización y la especulación inmobiliaria.
La propuesta del BNG refleja una estrategia para contrarrestar las políticas del Gobierno gallego, que en los últimos años ha centrado su discurso en la promoción de nuevas viviendas protegidas, pero con escasos resultados en la adquisición de viviendas existentes. La cuestión de la protección de la vivienda pública continúa siendo un tema de debate en la política gallega.
De cara al futuro, la iniciativa del BNG busca impulsar un cambio en la política de vivienda de Galicia, priorizando la protección y movilización de viviendas existentes. La percepción social y la presión política determinarán si estas propuestas avanzan hacia una mayor protección del derecho a la vivienda en la comunidad.