El Estado inscribe el Pazo de Meirás en el Registro de Betanzos tras sentencia judicial

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha ordenado que el Pazo de Meirás pase a estar oficialmente a nombre del Estado español. La decisión se fundamenta en la resolución del Tribunal Supremo, que confirmó en 2022 que la propiedad del inmueble, ubicado en Sada, corresponde al Estado desde 1938, y no a la familia Franco, como se mantenía anteriormente en los registros.

Este paso legal supone la cancelación de inscripciones contradictorias y cierra un capítulo que ha estado marcado por décadas de reivindicaciones y disputas judiciales. La sentencia del Supremo establece que la finca no pudo ser adquirida por los herederos del dictador debido a la falta de transmisión legal y al cese del uso administrativo en los años 90.

Desde una perspectiva política, esta decisión reafirma la postura del Estado en la recuperación del patrimonio ligado a la dictadura. La controversia sobre la titularidad del Pazo ha sido un símbolo de las tensiones en torno a la memoria histórica y la gestión de bienes públicos relacionados con el franquismo.

El futuro del inmueble, ahora en manos del Estado, apunta a su posible recuperación como patrimonio de interés público. Sin embargo, su uso y gestión aún generan debate, en un contexto en el que las instituciones gallegas y nacionales buscan equilibrar el respeto por la memoria histórica con la preservación del patrimonio cultural.

Este proceso judicial sienta un precedente para otros bienes reclamados por el Estado, en un marco de mayor claridad legal sobre la propiedad de bienes ligados a épocas pasadas. La resolución refuerza la línea de que los bienes del franquismo deben ser gestionados por las instituciones públicas, en línea con las políticas de memoria democrática y transparencia.