El Gobierno Central recurrirá ante el TC el plan de control de bajas laborales de la Xunta de Galicia
En el contexto de la política autonómica y la gestión de la sanidad pública, el Gobierno central ha anunciado su intención de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el plan de la Xunta de Galicia para reforzar el control sobre las bajas laborales, que aún no ha sido formalmente aprobado. La propuesta autonómica, que busca incrementar las inspecciones en casos relacionados con enfermedades musculoesqueléticas y psiquiátricas leves, ha generado controversia y oposición a nivel estatal.
Este enfrentamiento refleja las tensiones existentes entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas en materia de competencias sanitarias y laborales. La Xunta anunció en el Debate sobre o Estado de la Autonomía que presentaría un programa integral para reforzar la fiscalización de las incapacidades temporales en las próximas semanas, incluyendo un mayor papel de las mutuas en los procesos de revisión.
Desde el Gobierno central, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha calificado la medida como contraria a la legalidad vigente, argumentando que invade competencias exclusivas del Ministerio de Trabajo y Sanidad. Además, ha advertido que la iniciativa pone en cuestión la profesionalidad del sistema sanitario público y favorece la privatización de la gestión de las bajas laborales, un tema sensible en el debate político actual.
Este conflicto forma parte de una dinámica más amplia en la que las comunidades buscan mayor autonomía en la gestión de recursos y competencias sanitarias, mientras el Gobierno central mantiene una postura de control y legalidad. La posible impugnación ante el TC refleja la tensión sobre quién tiene la última palabra en la regulación de las bajas laborales y la protección de los derechos de los trabajadores.
En el escenario político gallego, el Ejecutivo autonómico ha defendido que la medida busca reducir el fraude y garantizar una gestión más eficiente, mientras que desde Madrid se alerta sobre riesgos de privatización y pérdida de control sobre la sanidad pública. La cuestión también incide en la percepción pública sobre la gestión de la salud laboral y la protección social en Galicia.
Este episodio evidencia la complejidad del reparto de competencias en el Estado español, especialmente en áreas clave como la salud y el empleo, donde los intereses políticos y administrativos se entrelazan en un marco de tensión institucional y legal.