El PSdeG cuestiona a Rueda por sus supuestos conocimientos sobre decisiones judiciales en parques eólicos

El Partido Socialista de Galicia (PSdeG) ha exigido explicaciones al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras sus declaraciones sobre la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) respecto a 90 parques eólicos suspendidos. Rueda afirmó tener conocimiento previo de la decisión, lo cual ha generado suspicacias en el ámbito político y judicial.

La polémica surge en un contexto en el que el Tribunal Supremo revocó en 2023 una sentencia del TSXG que anulaba el proyecto del parque eólico de Bustelo, argumentando que existía una fragmentación ilegal del proyecto. Sin embargo, la sentencia del Supremo se circunscribe a esa cuestión concreta, sin pronunciarse sobre los procedimientos pendientes que aún están en curso en Galicia, muchos de los cuales tienen un fuerte componente ambiental.

El debate se centra en la posible anticipación de decisiones judiciales y en el impacto que ello puede tener en la transparencia y la independencia judicial. La oposición ha criticado que Rueda parezca conocer el resultado de procesos que aún no han finalizado, en un contexto donde la planificación energética del Gobierno gallego está marcada por años de inacción y cambios legislativos frecuentes.

Desde el PSdeG, se ha señalado que el principal problema del sector eólico en Galicia no son los tribunales, sino la falta de una planificación energética coherente desde hace casi 30 años. La ley del sector ha sido modificada en múltiples ocasiones, generando inseguridad jurídica y obstaculizando el desarrollo de la energía renovable en la región.

De cara al futuro, la formación de oposición aboga por una política energética basada en un pacto de país, con planificación clara y seguridad jurídica, que respete el medio ambiente y garantice que la riqueza generada permanezca en Galicia bajo control público. Este enfoque busca revertir décadas de improvisación y potenciar las energías renovables de forma responsable.

En un contexto más amplio, la controversia refleja las tensiones existentes entre la administración regional y los sectores ambiental y judicial, evidenciando la necesidad de mayor transparencia y de un marco regulatorio estable para el desarrollo sostenible de la energía eólica en Galicia.