El PSdeG denuncia que la mayoría de propuestas en el balance del anterior DEA son cartas al Gobierno central

La viceportavoz del PSdeG en el Parlamento gallego ha señalado que, del conjunto de propuestas aprobadas en el debate sobre el estado de la autonomía del pasado año, una proporción significativa consistía en remitir comunicaciones al Gobierno central. En concreto, criticó que muchas de esas acciones carecían de avances concretos en competencias autonómicas, centrando el debate en gestiones que corresponden a Madrid.

Este pronunciamiento se enmarca en un contexto político en el que las formaciones de Galicia evalúan el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los distintos debates autonómicos. La oposición, representada por el PSdeG, mantiene una postura crítica respecto a la gestión del Ejecutivo gallego, dirigido por el PP, acusándolo de centrarse en la apariencia y en procesos en curso sin resultados tangibles que afronten los problemas reales de la ciudadanía.

La diputada socialista centró sus críticas en áreas de competencia autonómica como sanidad y vivienda, señalando que las excusas del gobierno regional para retrasos o falta de avances en estos ámbitos son insuficientes. En sanidad, criticó que el conselleiro culpara al Gobierno central y a los profesionales de salud por el aumento de listas de espera, y cuestionó la falta de aprobación del plan de salud mental.

En materia de vivienda, el PSdeG resaltó que, pese a la existencia de cerca de 31.000 demandantes inscritos en el registro, la Xunta no ha mostrado capacidad suficiente para responder a esa demanda, reflejando una gestión insuficiente en un contexto de incremento de precios y dificultades para el acceso a viviendas.

Además, la oposición recordó que las bonificaciones en el peaje de la AP-9 logradas en su momento con el apoyo del PSOE, y la ley de administración local, que reconocen no haber sido implementada por motivos de plazos, evidencian un balance de gestión que, según ellos, se basa en promesas incumplidas y procesos eternos.

Este debate se sitúa en un marco de tensiones políticas más amplias, en medio de una legislatura marcada por la percepción de una gestión estancada y de un Ejecutivo que prioriza la apariencia de avances sobre resultados concretos, en un contexto donde la oposición pide mayor transparencia y eficacia en la administración autonómica y estatal.