Galicia exige al Estado retirar dispositivo acústico para marsopas por falta de datos técnicos

La Xunta de Galicia ha presentado alegaciones oficiales ante la Secretaría General de Pesca para solicitar la retirada inmediata del borrador de resolución del Gobierno central. Este proyecto busca imponer el uso obligatorio de dispositivos acústicos ('pingers') en la pesca, una medida que afecta a la flota de artes menores y a la actividad en el caladero del Noroeste.

Desde 1999, la Xunta ha monitorizado más de 17.500 operaciones de artes de enmalle sin registrar ninguna captura accidental de marsopa común. Solo en dos casos se documentaron delfines mulares, lo que refuerza la baja incidencia de impacto en estas especies en la zona.

El Gobierno gallego argumenta que la propuesta estatal carece de una base técnica sólida y que ignora los datos reales del impacto de la actividad pesquera en la región. Además, denuncia que el Ministerio no aporta documentación cartográfica ni justificación jurídica sobre el área afectada, además de incumplir plazos legales para la aprobación del Plan de Recuperación de la marsopa.

Políticamente, esta disputa evidencia las tensiones entre las administraciones autonómica y estatal por la gestión de recursos naturales y la protección de especies marinas. Galicia busca defender su modelo pesquero y su conocimiento local frente a una regulación que consideran impuesta sin suficiente respaldo científico.

El enfrentamiento refleja también la lucha por el control de las políticas ambientales en un contexto donde la sostenibilidad pesquera y la conservación de especies vulnerables son temas prioritarios. La Xunta apuesta por un enfoque basado en datos y en estrategias piloto previas, en contraposición a las medidas unilaterales del Estado.

De cara al futuro, la polémica puede derivar en una revisión de las normativas y en un posible diálogo para definir estrategias conjuntas. La protección de la biodiversidad marina en Galicia requiere un equilibrio entre conservación y actividad económica, y este caso subraya la necesidad de una gestión basada en evidencia sólida y en una participación efectiva de las comunidades afectadas.