Galicia prepara la regularización de 10.000 migrantes con riesgo de colapso en oficinas

Desde el lunes, Galicia inicia la regularización presencial de aproximadamente 10.000 migrantes en situación irregular, en un proceso que ha generado preocupación por la posible saturación de oficinas y dificultades logísticas. La medida, aprobada por el Gobierno central, permite a estas personas solicitar autorización de residencia y trabajo por un año, con un plazo de solicitud que finaliza el 30 de junio.

El proceso, que ya se puede realizar telemáticamente desde el jueves, enfrenta obstáculos importantes en su implementación. Las asociaciones del tercer sector y sindicatos advierten sobre posibles colapsos en oficinas de Correos y Seguridad Social, debido a barreras idiomáticas, digitales y de acceso. La formación del personal se ha realizado de forma rápida e insuficiente, lo que aumenta la incertidumbre sobre la atención efectiva a los solicitantes.

Las ciudades con mayor presión en estos primeros días serán Pontevedra, A Coruña y Vigo, donde la carga de trabajo en las oficinas ya es elevada. Los trabajadores temen que la cantidad de solicitudes supere la capacidad de atención, agravada por la escasez de plantilla y la falta de experiencia específica en trámites migratorios. La situación también afecta a los empleados de Extranjería, que deberán gestionar un volumen importante de peticiones sin la preparación necesaria.

El Gobierno ha anunciado la incorporación de 550 profesionales adicionales para atender el proceso, pero las organizaciones advierten que aún puede haber problemas de coordinación y riesgos de uso fraudulento. La falta de regulación clara para la presentación de documentación en zonas rurales y la preocupación por los posibles abusos en las gestiones privadas añaden complejidad al proceso.

Desde la perspectiva política, la medida ha sido objeto de controversia. El Ejecutivo sostiene que la regularización favorece la integración social y laboral, además de fortalecer el mercado de trabajo. Sin embargo, la oposición y varias comunidades autónomas, lideradas por el Partido Popular, critican el decreto por considerarlo precipitado, insuficiente y con riesgos de inseguridad jurídica.

De cara al futuro, el proceso representa un paso importante en la política migratoria española, aunque su éxito dependerá de la capacidad de las administraciones y organizaciones para gestionar los desafíos logísticos y sociales. La experiencia en Galicia marcará una referencia para posibles futuras regularizaciones y la integración de migrantes en el país.