Galicia: Primera sentencia que obliga a la Xunta a pagar nocturnidad en bajas y vacaciones

Una sentencia judicial en Galicia reconoce por primera vez el derecho de los funcionarios a cobrar complementos por nocturnidad, domingos y festivos durante periodos de incapacidad temporal, vacaciones y permisos retribuidos. La resolución, dictada el 14 de mayo de 2026 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña, condena a la Xunta a abonar estas cantidades a un bombero forestal del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais (SPIF) correspondientes a los años 2024 y 2025, además de intereses legales.

Este fallo se fundamenta en que estos complementos constituyen parte de la retribución ordinaria del puesto de trabajo, y no pueden ser excluidos durante periodos de baja médica o permisos retribuidos. La magistrada ha apoyado su decisión en jurisprudencia del Tribunal Supremo y en normativa europea que establece que estos conceptos salariales no son extras, sino inherentes a la función del funcionario.

La sentencia tiene importantes implicaciones para el personal público en Galicia, especialmente para unos 2.000 empleados públicos afectados por el impago de estas retribuciones durante bajas y vacaciones, y podría extenderse a cerca de 5.000 empleados en toda la Xunta. El sindicato CSIF ha destacado que este precedente puede abrir la puerta a reclamaciones masivas contra la administración autonómica.

Desde el punto de vista político, este fallo evidencia las tensiones existentes en la gestión de recursos humanos en la administración gallega, en un contexto donde la Xunta ha priorizado medidas de austeridad y control del gasto público. La obligación judicial de abonar estos complementos puede suponer un impacto presupuestario que genere debates en el ámbito político y en la gestión de los servicios públicos.

El trasfondo de esta sentencia refleja también las dinámicas de negociación entre sindicatos y administración, en un escenario donde la justicia empieza a equilibrar derechos laborales frente a decisiones administrativas. La Xunta, por su parte, deberá valorar si adopta medidas negociadas o enfrenta un aumento de reclamaciones y costes judiciales en los próximos meses.

En un contexto más amplio, este pronunciamiento puede marcar un precedente que influya en la regulación de derechos laborales en la administración pública gallega. La futura resolución de estas reclamaciones y posibles cambios normativos definirán la relación entre la administración y sus empleados en los años venideros.