Galicia recurre solicitudes de menores migrantes que rechazan traslado

La Xunta de Galicia ha presentado recursos administrativos contra 15 resoluciones que autorizan el traslado de menores migrantes, quienes expresamente se oponen a ser reubicados en la comunidad. La polémica surge en un contexto de desacuerdo con el Gobierno central, que defiende que estos procesos se realizan garantizando los derechos de los menores y el interés superior del menor.

El conflicto refleja la tensión política entre la Xunta y el Gobierno de España, principalmente tras la ausencia de Galicia en la Conferencia Sectorial de Infancia. La Xunta acusa al Ejecutivo central de forzar traslados sin tener en cuenta las preferencias de los menores, especialmente en un momento en que las comunidades del PP, incluida Galicia, cuestionan el modelo de acogida.

Desde el Ejecutivo gallego se denuncia que el Gobierno central asigna destinos a los menores sin escuchar sus preferencias ni consultar a sus familias, situación que consideran vulnera derechos fundamentales. Por su parte, la Delegación del Gobierno sostiene que el proceso se realiza bajo garantías jurídicas y en función del interés superior del menor, con evaluación individualizada de cada caso.

Este enfrentamiento refleja una disputa política que afecta la gestión de la protección internacional en Galicia. La Xunta mantiene su postura de que las decisiones del Estado priorizan criterios administrativos en detrimento de los derechos de los menores, lo que puede complicar futuras colaboraciones en materia de acogida.

A largo plazo, la situación evidencia la necesidad de alcanzar consensos que armonicen las políticas de protección infantil con las competencias autonómicas. La resolución de estos desacuerdos será clave para garantizar un sistema de acogida que respete la voluntad de los menores y promueva la cooperación institucional.

El desarrollo de un marco de diálogo más efectivo entre las administraciones será determinante para mejorar la gestión de los menores migrantes en Galicia y fortalecer un modelo que priorice los derechos del menor en el contexto migratorio.