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La Audiencia Nacional extiende plazo para fianza del Pitanxo a 44 millones hasta el 15 de septiembre

La Audiencia Nacional extiende hasta el 15 de septiembre el plazo para que la armadora del Pitanxo entregue una fianza de 44 millones, en medio de un proceso judicial por el naufragio de 2022.

Redacción · Crónica Galicia 2 min de lectura

La Audiencia Nacional ha ampliado hasta el 15 de septiembre el plazo para que la armadora del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' entregue una fianza de 44 millones de euros. Este dinero se destinará a cubrir posibles responsabilidades en el proceso judicial por el naufragio en Terranova que costó la vida a 21 tripulantes en febrero de 2022.

El juzgado atendió la petición de la empresa, que solicitó más tiempo para cumplir con esta obligación. La decisión se produce en un contexto en el que la causa judicial avanza hacia el juicio contra dos directivos de la empresa y el capitán del barco, acusados de delitos graves relacionados con la seguridad y la imprudencia, que podrían conllevar responsabilidades económicas significativas.

Este caso refleja las tensiones existentes en el sector pesquero gallego, que ha enfrentado una creciente presión por las condiciones laborales y la seguridad de la flota. La decisión judicial de exigir una fianza elevada busca garantizar que, en caso de condena, existan recursos para reparar los daños y responsabilidades.

Desde una perspectiva política, el asunto ha puesto en el foco la regulación del sector pesquero y la supervisión de las empresas en Galicia, una de las regiones con mayor tradición marítima en España. La administración y las instancias judiciales enfrentan el reto de equilibrar la protección de los derechos de las víctimas con la sostenibilidad del sector.

De cara al futuro, el proceso judicial y la gestión de la fianza marcarán un precedente en la responsabilidad empresarial en Galicia. La resolución del caso será clave para fortalecer los mecanismos de control y seguridad en la actividad pesquera, además de influir en la percepción pública y en las políticas de seguridad marítima en la región.

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