La Justicia autoriza la recuperación de peajes cobrados durante obras en Rande

La Asociación de Consumidores En-Colectivo ha iniciado la ejecución judicial para que usuarios de la AP-9 recuperen los importes cobrados indebidamente durante las obras de ampliación del puente de Rande (2015-2018). La demanda, presentada ante el juzgado de lo mercantil de Pontevedra, se apoya en la sentencia del Tribunal Supremo, que en 2025 declaró improcedente el cobro íntegro de peajes en determinados supuestos durante esas obras.

Este paso supone un avance en la reclamación de miles de afectados que consideran que se les cobró por un servicio que no se prestaba en condiciones. La iniciativa busca que un primer grupo de usuarios sean reconocidos como beneficiarios, permitiéndoles posteriormente solicitar la devolución de las cantidades abonadas.

El procedimiento ahora está abierto a la incorporación de nuevos afectados que puedan acreditar su situación conforme a los criterios establecidos en la sentencia. La plataforma ha habilitado una web para facilitar la presentación de reclamaciones y la identificación de afectados.

Además, En-Colectivo ha solicitado que el juzgado requiera a la concesionaria Audasa la información necesaria para identificar a todos los afectados y calcular las devoluciones. La intención es agilizar los trámites y garantizar una resolución efectiva.

Este proceso judicial refleja la tensión entre la gestión de infraestructuras y los derechos de los usuarios. La reclamación se enmarca en un contexto político donde las decisiones sobre la gestión de la AP-9 y las tarifas han sido objeto de debate, especialmente tras la aprobación de una ley que busca reducir peajes en autopistas en Galicia.

En el escenario político, el gobierno autonómico y estatal mantienen posturas diferentes respecto a la gestión de la autopista y la devolución de importes. Este caso podría marcar un precedente en la defensa de los derechos de los consumidores y en la fiscalización de las concesiones públicas a empresas privadas.

Se espera que, en el futuro, estos procedimientos judiciales puedan influir en la revisión de tarifas y en la regulación de las concesiones en Galicia, promoviendo mayor transparencia y protección para los usuarios en conflictos similares.