La transferencia de la AP-9 a Galicia avanza en el Congreso pese a rechazo político
La tramitación de la ley que transfiere la gestión y la titularidad de la autopista AP-9 a la Xunta continúa en el Congreso de los Diputados, con su aprobación en la Comisión de Transportes. La iniciativa, impulsada por el Parlamento de Galicia, busca que la comunidad asuma competencias sobre la vía, incluyendo tarifas, inspección y gestión de servicios, en un proceso que aún requiere el visto bueno del Pleno y una negociación bilateral con el Gobierno central.
El acuerdo político alcanzado en Galicia entre el PSOE, BNG y Sumar fue clave para desbloquear la ley, en un contexto donde los partidos de la oposición, PP y Vox, expresaron su rechazo y criticaron el proceso. La ley surge en un escenario de debate sobre la gestión de infraestructuras estratégicas y su financiación, en un momento en que la comunidad gallega busca mayor control sobre su red de carreteras.
Este trámite legislativo implica que, si se aprueba en el Congreso, la transferencia se materializará mediante un acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias. La normativa contempla la delegación de funciones desde autorizaciones de nuevos tramos hasta la supervisión y regulación de tarifas, con límites económicos claros para ambas administraciones. La ley también establece condiciones para la futura gestión y posibles modificaciones en el régimen económico de la concesión.
Desde una perspectiva política, la iniciativa refleja las tensiones entre las comunidades autónomas y el Estado central en el control de infraestructuras. La postura del Gobierno en funciones y las discrepancias con la oposición evidencian un debate que trasciende lo técnico y afecta a la distribución de competencias, en un contexto de reclamaciones autonómicas por mayor autonomía en gestión de recursos.
El futuro de la ley dependerá de su aprobación definitiva en el Pleno y de la negociación bilateral con el Gobierno central. La transferencia de la AP-9 podría marcar un precedente en la gestión de infraestructuras bajo competencia autonómica, en un momento en que Galicia busca consolidar su autonomía en ámbitos clave. La decisión también tendrá implicaciones en la política de peajes y en la financiación de la autopista, en un escenario de debate sobre el modelo de gestión y control de infraestructuras en España.